El legislador de Republicanos Unidos pidió a la Legislatura porteña que se sancione a la peronista por haber irrumpido a su despacho y haber amedrentado a sus trabajadores, tras una petición que él realizó en la Justicia respecto de las condiciones en las que CFK deberá cumplir con su condena por la causa Vialidad.
Después de haber expuesto en las redes sociales el video en el que se puede ver a María Bielli y parte de sus asesores ingresando a su despacho de forma abrupta, el diputado de Republicanos Unidos (RU) Yamil Santoro solicitó a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que le aplique una multa a la peronista.
En el escrito que presentó en la Casa, el republicano pidió que, en virtud de lo establecido en el Reglamento Interno de la Legislatura de la Ciudad, se le aplique a la legisladora una multa “correspondiente al monto de su retribución mensual, como consecuencia de los hechos de inconducta en el ejercicio de sus funciones”.
En ese sentido, Santoro recordó que “el 12 de junio de 2025, la diputada María Bielli irrumpió violentamente en mi despacho, ubicado en el cuarto piso de esta Legislatura, acompañada por al menos tres personas no identificadas. El ingreso se produjo sin autorización, con un nivel de violencia inusitado, patearon la puerta e ingresaron a los gritos, generando un clima de intimidación y caos institucional impropio de esta Casa” y precisó que la peronista “profirió insultos, amenazas y expresiones agresivas hacia las colaboradoras presentes, quienes se vieron directamente afectadas tanto en lo emocional como en lo laboral. Parte del mobiliario fue arrojado al suelo, se generó una situación de máxima tensión, y el episodio derivó en la intervención de personal de despachos vecinos que, alarmados por los gritos, se acercaron a asistir y contener la situación”.
“Los hechos no fueron casuales. Horas antes, en el marco de mis funciones como presidente de una organización de la sociedad civil dedicada a la lucha contra la corrupción, habíamos presentado un escrito judicial solicitando que la expresidenta condenada por corrupción cumpliera su pena de manera efectiva, de acuerdo con criterios de igualdad ante la ley. La posición sostenida públicamente fue clara: los beneficios especiales deben aplicarse con criterio restrictivo y no transformarse en privilegios personales sin justificación médica real”, continuó el legislador.
Sobre esa misma línea, Santoro remarcó que “esa intervención judicial legítima provocó una reacción política desmedida por parte de la diputada Bielli, quien incluso reconoció en su cuenta de X que fue a buscarme personalmente a mi despacho, justificando su accionar por el contenido del planteo judicial” e indicó que “el propio reconocimiento público de los hechos, lejos de aclarar o atenuar la situación, confirma el carácter deliberado del episodio. No fue un impulso, ni una confusión: fue una decisión consciente de trasladar un desacuerdo político al terreno de la intimidación personal y la violencia institucional”.
“La gravedad del hecho trasciende lo personal. El uso violento e indebido de los espacios de trabajo legislativos, el ingreso intempestivo con personas externas, la agresión al personal y el intento de intimidación a un legislador por el ejercicio de sus funciones constitucionales constituyen una conducta profundamente incompatible con la responsabilidad pública y los deberes de decoro que exige el Reglamento Interno”, sentenció.
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