La Conferencia Episcopal Argentina dispone, por primera vez en su historia, de una guía que precisa cómo deben proceder los obispos y las autoridades canónicas en “casos de denuncias de abusos sexuales en los que los acusados sean clérigos y las presuntas víctimas menores de edad».
La guía fue elaborada en respuesta a una exhortación realizada en 2011 por el entonces papa Benedicto XVI.
El secretario general de la CEA, Carlos Malfa, fue el encargado de presentarlo en el marco del curso “La Actuación de la Curia en los Delitos Cometidos por Clérigos y Religiosos” que se desarrolla en la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad Católica Argentina.
En materia jurídico canónico, las Líneas-Guía explican los distintos pasos del proceso que se desencadena en ese ámbito, cada vez que se recepta una denuncia de abuso sexual de un menor cometida por un clérigo
El objetivo del este protocolo es “orientar a los obispos en los supuestos que deban intervenir, en sus respectivas jurisdicciones, por haber recibido noticias verosímiles de la comisión de alguno de los delitos aquí contemplados”, explicó Malfa
El texto “Líneas-Guía De Actuación” fue aprobado el 13 de abril de 2013 en el marco de la 105° Asamblea Plenaria de la CEA, y recientemente recibió también el aval de la Santa Sede.
El documento recuerda que el abuso sexual de menores no sólo es un “grave pecado”, sino también “un grave delito” tanto para el ordenamiento jurídico canónico como para el Código Penal Argentino y que por lo tanto, si “en una perspectiva moral, el pecado reclama el sincero arrepentimiento del pecador; en una perspectiva jurídica exige, además, una justa pena”.
Pero “cuando es cometido por un clérigo, el delito reviste una particular gravedad” porque “además de lesionar la dignidad e integridad de la víctima, implica la profanación del ministerio sagrado”, por lo cual “hechos de esta naturaleza nos duelen y avergüenzan profundamente”.
“Los obispos de Argentina compartimos plenamente y hacemos nuestra la preocupación de los Romanos Pontífices en esta materia y adherimos sin reservas a los criterios de transparencia y de responsabilidad expresados en numerosas oportunidades por la Santa Sede”, sostiene la guía.
No obstante, el texto advierte que “la conducta inmoral de unos pocos no descalifica ni desmerece el abnegado servicio de la mayoría”.
El protocolo se divide en dos partes: la primera mitad se ocupa de la práctica jurídica basada en el Derecho Canónico, mientras que en la segunda se dan una serie de “orientaciones pastorales” respecto al trato que debe dispensarse a víctimas y acusados, así como respecto a medidas preventivas que pueden adoptarse al interior de la Iglesia para evitar nuevos casos.
En materia jurídico canónico, las Líneas-Guía explican los distintos pasos del proceso que se desencadena en ese ámbito, cada vez que se recepta una denuncia de abuso sexual de un menor cometida por un clérigo.
En cuanto a la relación con la Justicia secular, el texto aclara que “en el debido respeto a la autonomía de ambos ordenamientos jurídico-penales”, las autoridades canónicas “cooperarán con la autoridad judicial secular según corresponda”.
El apartado “Orientaciones Pastorales” especifica que “las víctimas presuntas o comprobadas de abusos sexuales y sus familias han de ser recibidas y escuchadas personalmente” por las autoridades eclesiásticas, al tiempo que prescribe que los sacerdotes acusados deben “ser tratados con prudencia y caridad fraterna, siguiendo la normativa canónica y secular”.
Pero buena parte de esta sección está dedicada a las “medidas de prudencia” que se deben adoptar para que tornar seguros los ambientes frecuentados por menores y “eliminar toda circunstancia que induzca a sospechar de la integridad moral de los clérigos”.
“Que un clérigo nunca ocupe la misma tienda de campaña con menores”, que “no permanezca a solas en recintos cerrados” con ellos y que “sea advertido de la inconveniencia de expresiones de afecto que puedan ser malinterpretadas”, recomienda el texto.
En ese sentido, la guía postula que “una especial atención ha de ser dada a la selección de los aspirantes” al sacerdocio y “muy particularmente habrá que evaluar la madurez afectiva de los candidatos”.
«A través de la aplicación de estas Líneas-guía estamos protegiendo a los menores y ayudando a las víctimas a encontrar apoyo y reconciliación; asimismo deben servir para dar unidad a la praxis de la Conferencia Episcopal”, afirmó monseñor Malfa.
En mayo de 2011, la Congregación para la Doctrina de la Fe, a instancias de Benedicto XVI, emitió una circular para ayudar a las Conferencias Episcopales en la preparación de estas guías, y en marzo de 2014 el papa Francisco instituyó la Pontificia Comisión para la tutela de menores, con la misión de asesorarlo en la lucha contra este tipo de delito.
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