Gabriel Solano (PO) impulsó en la Legislatura porteña un proyecto de declaración mediante el cual se advierte que se trata de “una medida persecutoria” y que “profundiza la marginalización social”.
Luego de que el jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, anunciara sanciones para quienes revuelvan los contenedores de residuos, el diputado por Partido Obrero (PO) Gabriel Solano pidió a la Legislatura porteña repudiar la decisión y consideró que se trata de “una medida persecutoria”.
El trotskista presentó en el Parlamento local una iniciativa de declaración mediante la cual prevé manifestar “su más enérgico repudio a la disposición anunciada por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, de sancionar a personas que revuelvan residuos en contenedores de basura, por considerarla una medida persecutoria, discriminatoria y represiva que criminaliza la pobreza y profundiza la marginalización social que los lleva a tener que tomar esa decisión”.
El proyecto también insta “al Poder Ejecutivo de la Ciudad a dejar sin efecto de manera inmediata dicha orden, y a abstenerse de aplicar sanciones o medidas coercitivas basadas en el artículo 94 del Código Contravencional en el contexto descripto”.
En los fundamentos de la iniciativa, Solano aseveró que “el anuncio se realiza en un contexto de profunda crisis social y económica, donde miles de personas, especialmente trabajadores desocupados y adultos mayores, recurren a la recolección informal de materiales reciclables como medio de subsistencia” y consideró que “aplicar multas que ascienden hasta los $900.000, o imponer trabajos de utilidad pública, no sólo representa una orientación punitivista, sino que afianza una lógica represiva que prioriza el ‘orden y la limpieza’ de la ciudad sobre las condiciones de vida de quienes se ven empujados a esta situación por las mismas políticas de quienes gobiernan”.
“La basura que se revuelve no es un acto ‘vandálico’, sino un síntoma desesperado de familias que no pueden acceder a derechos básicos como el trabajo genuino, la alimentación o la vivienda, donde el Estado en lugar de garantizarlos, responde con represión”, continuó.
Asimismo, Solano advirtió que “la orientación de mayor persecución y criminalización por parte del ejecutivo porteño, en línea con el gobierno nacional, busca ocultar su responsabilidad en la situación actual y descargarla sobre los trabajadores que son quienes sufren estas políticas. Que el número de personas en situación de calle siga en aumento año tras año es el producto de esta orientación”.
“Es responsabilidad del Estado y los gobiernos que miles de familias no tengan un trabajo genuino y no puedan acceder a un plato de comida. La respuesta frente a la búsqueda de un ingreso no puede ser la represión. Esta Legislatura no puede avalar esta orientación”, completó.
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