Un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia, Seguridad y Legislación del Trabajo analizó ese proyecto y el de Ejecución Penal.
Con la intención de seguir dando pasos en pos de la autonomía de la Ciudad, la Legislatura porteña llevó a cabo una reunión conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia, Seguridad y Legislación del Trabajo en la que se puso en debate los proyectos de creación del Servicio Penitenciario porteño y de Ejecución Penal.
De esta manera, la Comisión de Justicia, presidida por Inés Parry (UCR-Ev), junto a las comisiones de Seguridad, a cargo de Gimena Villafruela (VxM), Legislación del Trabajo, presidida por Matías Barroetaveña (UP), y Asuntos Constitucionales, dirigida por Hernán Reyes (CC ARI), recibieron a distintos especialistas para dar sus puntos de vista sobre los proyectos de Ley que están en tratamiento.
Además de los legisladores que integran las comisiones involucradas, se hicieron presentes funcionarios de las áreas de Seguridad y de Justicia del poder Ejecutivo porteño que tienen vinculación a la temática, como Leandro Halperín, subsecretario de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios; y Adrián Patricio Grassi, subsecretario de Asuntos Judiciales del Ministerio de Justicia de CABA. También expusieron Marta Monclús Masó, directora del Observatorio de Cárceles Federales de la Procuración Penitenciaria de la Nación; Gabriela Gusis, docente e investigadora en Derecho Penal y Criminología; Carla Cavalieri, vicepresidenta segunda de la Cámara de Casación, Apelación Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas; Eduardo Villalba, especialista en Seguridad; Gerónimo Vega, de la Asociación de Pensamiento Penal; y Manuel Truffó, doctor en Ciencias Sociales y director del Área de Justicia del CELS.
Durante el desarrollo de la jornada, los expertos plantearon diversas perspectivas a considerar, dado que se trata de la creación de un sistema penitenciario que nacerá desde cero, lo que exige, según coincidieron, una ley precisa para evitar arbitrariedades o diferentes interpretaciones por parte de jueces, donde el objetivo central debe estar puesto en la resocialización, con énfasis en la capacitación y el trabajo.
Entre los temas abordados se destacó la importancia de la participación de las víctimas, la agilización de procesos a través de la oralidad, el uso mínimo del encierro y la promoción de alternativas a la prisión. Subrayaron, además, la necesidad de sentar las bases para una política post penitenciaria orientada a evitar la reincidencia, especialmente a través de la reinserción social.
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