Se trata de una iniciativa de la radical Aldana Crucitta (UCR-Ev) mediante la cuál se buscará reconocer al fiscal por «su valor, su servicio de justicia y su defensa acérrima del sistema democrático».
A días de un nuevo aniversario del último golpe cívico – militar, la diputada de la Unión Cívica Radical – Evolución (UCR-Ev) Aldana Crucitta presentó en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de ley para renombrar a la estación Uruguay de la Línea B de Subterráneos, como “Uruguay – Julio César Strassera”.
En ese sentido, la radical explicó que este cambio busca establecer un «reconocimiento y reivindicación histórica a una persona que se constituyó como una figura fundamental al momento de la recuperación y consolidación de nuestra democracia» e indicó que «su valor, su servicio de justicia y su defensa acérrima del sistema democrático, en aquel memento tan oscuro en la historia de nuestro país, hizo que muchos y sobre todos quienes creemos en el Estado de Derecho, la Justicia como única herramienta válida para la resolución de conflictos y la Democracia como forma de vida pacífica en comunidad, lo consideramos a la altura de un prócer nacional».
En los fundamentos del texto, Crucitta rememoró que «al asumir el 10 de diciembre de 1983 el Dr. Raúl Alfonsín la presidencia de la Nación e instaurarse nuevamente el sistema democrático en la Republica Argentina, el gobierno implementó medidas inmediatas para iniciar la investigación y el enjuiciamiento de los crímenes cometidos por la dictadura militar» y detalló que «el 13 de diciembre del mismo año se firmó el decreto 158/83 el cual ordenó el enjuiciamiento de las Juntas Militares ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas por cargos de homicidio, privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos y ese mismo día se creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) presidida por Ernesto Sábato. El 20 de septiembre de 1984, se entrega el
informe final de la Comisión».
«El plan original era que las propias Fuerzas Armadas se depuraran enjuiciando y condenando a las juntas militares, para que luego la sentencia fuera revisada en segunda instancia por el Poder Judicial de la Nación. Para ello, el Presidente envió al Congreso un proyecto de ley que asignaba al Fuero Federal del Poder Judicial la función de revisar en segunda instancia las sentencias de los tribunales administrativos del ámbito militar», continuó y recordó que «al evidenciarse que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas no investigaría ni enjuiciaría a los máximos responsables de las violaciones de derechos humanos durante la dictadura, el 4 de octubre de 1984 la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal tomó la decisión de desplazar al tribunal militar que estaba enjuiciando a las Juntas para hacerse cargo directamente del juicio».
Sobre esa misma línea, la diputada informó que «en aquel momento el presidente de la Nación tenía a su cargo el cuerpo de Fiscales Federales, el fiscal de Cámara designado por Raúl Alfonsín fue el Dr. Julio César Strassera y su adjunto el Dr. Luis Gabriel Moreno Ocampo. El juicio se realizó entre el 22 de abril y el 14 de agosto de 1985. Se trataron 281 casos».
«El fiscal Strassera, en el juicio realizó de viva voz la acusación pública contra los dictadores, que constituye un documento histórico y una pieza fundamental en la defensa de los derechos humanos. Strassera cerró su alegato con una frase que resuena hasta el día de hoy en todas las personas que defendemos los valores de la democracia: ‘señores jueces: quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces: Nunca más’”, sentenció.
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