Fue durante la segunda sesión ordinaria del año, donde los legisladores sancionaron con 32 votos a favor y 27 en contra la adhesión a esos régimenes que fomentan la reactivación económica del distrito capitalino.
Con fuertes debates entre los legisladores, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionó con 32 votos a favor y 27 en contra la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con el objetivo de reactivar la economía local.
La iniciativa, que fue impulsada por los legisladores de La Libertad Avanza (LLA), contó con el apoyo de los bloques Vamos por Más y Confianza y Desarrollo; y el rechazo de Fuerza por Buenos Aires, Unión Cívica Radical y FIT.
A través de la adhesión a este régimen se buscaba incentivar “las grandes inversiones nacionales y extranjeras en la República Argentina a fin de garantizar la prosperidad del país”, “promover el desarrollo económico”, “desarrollar y fortalecer la competitividad de los diversos sectores económicos, “incrementar las exportaciones de mercaderías y servicios al exterior comprendidas en las actividades desarrolladas en el RIGI”, “favorecer la creación de empleo” y “generar de inmediato condiciones de previsibilidad y estabilidad para las Grandes Inversiones previstas en el RIGI y condiciones competitivas en la República Argentina para atraer inversiones y que las mismas se concreten mediante el adelantamiento temporal de las soluciones macroeconómicas de inversión sin las cuales determinadas industrias no podrían desarrollarse”.
Así como también “crear para las ‘Grandes Inversiones’ que cumplan con los requisitos del RIGI, un régimen que otorgue certidumbre, seguridad jurídica y protección especial para el caso de eventuales desviaciones y/o incumplimiento por parte de la administración pública y el Estado al RIGI”, “fomentar el desarrollo coordinado de las competencias entre el Estado Nacional, las provincias y las respectivas autoridades de aplicación en materia de recursos naturales” y “fomentar el desarrollo de las cadenas de producción locales asociadas a los proyectos de inversión comprendidos por el RIGI”.
Cabe señalar que este régimen se circunscribe a proyectos correspondientes a sectores determinados —forestoindustria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas— y lo reserva a Vehículos de Proyecto Único (VPU), esto es, estructuras constituidas exclusivamente para el desarrollo de un proyecto admitido por el régimen.
A ello se suma que la Ley fija, como regla general, un monto mínimo de inversión en activos computables de al menos USD 200.000.000, con exigencias de cumplimiento durante los primeros años para la permanencia en el régimen.
Por otro lado, durante esta misma sesión, la Casa también aprobó la creación del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (RIMICABA), a través del cuál se buscará «incentivar inversiones medianas, promover el desarrollo económico y de las cadenas de valor, fortalecer la competitividad, incrementar las exportaciones de mercaderías y servicios, y favorecer la creación de empleo».
Además agrega incentivos locales a favor de quienes ya hayan sido admitidos en el régimen nacional y acrediten, además, su efectiva radicación y actividad en la Ciudad. De ese modo, los beneficios locales quedan vinculados exclusivamente a la inversión productiva aprobada, evitando desvíos, extensiones impropias o usos ajenos a la finalidad económica perseguida por esta iniciativa.
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