Un proyecto de la diputada Mercedes Llano propone modificar la ley de riesgos del trabajo para impedir que organismos públicos paguen gastos de intermediación en la contratación de ART, con el objetivo de reducir costos y mejorar la transparencia.
La diputada nacional Mercedes Llano (La Libertad Avanza – Mendoza) presentó un proyecto de ley para eliminar los gastos de intermediación en las contrataciones de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) realizadas por el Estado Nacional y organismos públicos.
La iniciativa propone modificar la Ley 26.773 con el objetivo de impedir que recursos públicos sean destinados al pago de comisiones, honorarios o gastos de comercialización vinculados a intermediarios en licitaciones y contrataciones estatales.
“El Estado debe administrar los recursos públicos con criterios de austeridad, transparencia y eficiencia. No tiene sentido que se sigan financiando costos de intermediación en contrataciones donde el propio Estado cuenta con capacidad técnica para gestionar directamente estos procesos”, sostuvo Llano.
El proyecto establece que, en las contrataciones realizadas por el Estado Nacional, las ART deberán limitar sus presupuestos exclusivamente a costos administrativos y operativos necesarios para la prestación del servicio, prohibiendo expresamente gastos vinculados a publicidad, promoción, comisiones u honorarios derivados de intermediaciones.
Según explicó la legisladora, la iniciativa busca eliminar “sobrecostos innecesarios” que no aportan valor técnico ni mejoran las prestaciones del sistema de riesgos del trabajo.
“Las contrataciones públicas deben priorizar la transparencia y la oferta más conveniente para los contribuyentes, evitando mecanismos que puedan facilitar direccionamientos o gastos injustificados”, afirmó.
El proyecto también incorpora mecanismos de fiscalización y auditoría a cargo de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y la Superintendencia de Seguros de la Nación, además de un régimen de sanciones para las ART que incumplan la normativa. Entre ellas se contemplan multas, suspensión para participar en licitaciones públicas e incluso inhabilitaciones en casos graves o reiterados.
Asimismo, la propuesta invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al régimen o dictar normas equivalentes para eliminar gastos de intermediación en sus respectivas contrataciones de ART.
La iniciativa se fundamenta en principios de racionalidad del gasto público, transparencia administrativa y fortalecimiento del sistema de riesgos del trabajo, garantizando que los recursos se destinen prioritariamente a prestaciones y servicios vinculados a la protección de los trabajadores.
