La vicejefa de Gobierno porteño advirtió sobre las complicaciones que estos tratamientos podrían traer aparejados para los adolescentes. «Todos estos tratamientos tienen consecuencias físicas y psicológicas serias, la mayoría de las veces irreversibles», aseveró.
Después de sus polémicos dichos respecto de la Educación Sexual Integral (ESI), la vicejefa de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Clara Muzzio, puso el foco sobre los tratamientos hormonales en adolescentes y explicó los riesgos que podrían traer aparejados.
A través de sus redes sociales, la funcionaria cuestionó un fallo judicial que revierte un decreto que frenaba este tipo de tratamientos en adolescentes.
«Creyendo hacer el bien, hacen el mal. En febrero de 2025, Javier Milei dictó un decreto fundamental que prohibió los tratamientos de hormonización e intervenciones quirúrgicas de cambio de sexo en menores de 18 años. Esa iniciativa (muy valiente) detuvo tratamientos con hormonas de consecuencias irreversibles en chicos de 12 a 16 años y operaciones mutilantes en adolescentes», comenzó Muzzio y agregó: «hasta ese decreto, un menor confundido, por ejemplo, podía obtener tratamiento (y era alentado en hospitales públicos para hacerlo) para bloquear su pubertad a través de hormonas».
Sobre esa misma línea indicó que «también, luego de la pubertad, podía realizar un tratamiento de hormonización cruzada, llamado de ‘afirmación de género’, que consiste en la administración de hormonas sexuales del sexo opuesto para desarrollar a los 16 años, por ejemplo, mamas en los varones y provocar el descenso de la masa muscular, y en las mujeres la suspensión de la menstruación, cambios en la voz y aumento del vello en el rostro y el cuerpo, entre otros muchos cambios».
«Todos estos tratamientos tienen consecuencias físicas y psicológicas serias, la mayoría de las veces irreversibles. Por eso, países como Suecia, Finlandia, Noruega, Reino Unido, Brasil y Estados Unidos, entre otros, han prohibido o restringido al máximo el acceso a estos procedimientos en menores de edad», aseveró.
Asimismo, Muzzio detalló que «un niño de 12 o 16 años, bombardeado de mensajes confusos y propaganda identitaria de género en redes sociales y en la escuela, con la gravísima complicidad institucional que significaba una ley que avalaba el acceso a estos tratamientos, quedaba a merced de sus propias decisiones apresuradas, sin que sus padres pudieran hacer nada para postergar esa decisión. Por eso, el decreto, a la espera de las decisiones posteriores del Congreso, salvó vidas y salvó biografías».
«Una medida cautelar de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal suspendió los efectos del decreto de Milei y, a partir de este dictamen, los tratamientos sobre menores vuelven a quedar disponibles. La medida pretende devolverles a niños y adolescentes la posibilidad a decidir por sí mismos y acceder luego a tratamientos mortificantes cuyas consecuencias no están facultados para evaluar en toda su dimensión. Por esta medida, niños volverán a poder tomar decisiones que moldearán su destino, tal vez definitivamente, entre los 12 y los 16 años», continuó.
Además consideró que «los jueces, tal vez sin entender, hacen el mal sobre esos chicos. Un niño de 12 años no puede conducir un auto, no puede votar, no puede viajar al exterior, no puede comprar bienes, pero puede, para estos jueces, tomar decisiones casi definitivas sobre su salud y la trayectoria de su vida».
«Hablo de estos temas porque si no señalamos estas medidas negligentes, si no explicamos lo obvio, que es malo operar niños sanos y darles hormonas, si no decimos que es malo privarlos de la oportunidad de dudar, si les negamos a sus padres la facultad más esencial que existe, que es el poder de cuidar a sus propios hijos, porque les quitamos toda injerencia sancionando leyes que se las arrebatan (por ley, los padres no pueden oponerse a las decisiones de sus hijos púberes ni adolescentes), si no hablamos nosotros, si no luchamos nosotros ¿quién lo hará? ¿Quién cambiará las cosas? ¿Quién defenderá a esos chicos?», completó.
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