La reforma constitucional pactada por el gobierno socialista y el derechista Partido Popular (PP) para limitar el déficit público superó hoy su primer trámite en el Parlamento, donde los nacionalistas catalanes y la izquierda denunciaron una «ruptura del proceso constituyente».
La propuesta, que fue sometida a consideración, recibió 318 votos a favor, 16 en contra y 2 diputados se abstuvieron, anunció el presidente del Congreso de Diputados español, José Bono.
La reforma inicia así su trámite en la Cámara Baja, donde será debatida en lectura única, lo que no permite introducir cuestiones distintas a la polémica modificación del artículo 135, que introduce el principio de estabilidad financiera en las cuentas públicas y fijar un límite al déficit en una futura ley orgánica.
El próximo viernes, el proyecto será sometido a votación y luego pasará al Senado antes de su aprobación definitiva.
Los socialistas y el conservador PP sólo sumaron el apoyo de Unión del Pueblo Navarro (UPN), mientras el resto de diputados nacionalistas y de izquierda rechazaron la reforma de forma contundente.
«Esta reforma significa para nosotros una ruptura del proceso constituyente», aseguró el portavoz de los nacionalista catalanes de Convergencia i Unió (CiU), Josep Antoni Duran i Lleida, durante el debate en el Congreso.
“Es una fractura por las formas y contenidos”, añadió el líder catalán, quien advirtió que si se procede a la modificación sin contar con CiU e IU, que forman parte del consenso constitucional de 1978, se producirá “un choque de trenes”.
Además, acusó a los dos partidos mayoritarios de querer acabar con la organización autonómica de España actuando “como si se tratase de un Estado unitario”.
“Es un golpe a la Constitución”, apuntó a su turno el portavoz de IU, Gaspar Llamazares, quien también acusó al gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y PP de “romper el consenso constitucional”.
Según Llamazares, lo que están haciendo los partidos mayoritarios es “abrir un período de restauración, de involución democrática”.
«Se sustituye la soberanía ciudadana por la soberanía de los mercados», señaló Llamazares, quien exigió insistentemente en que la reforma sea sometida a referendo y llamó a la rebelión al resto de diputados para forzar la convocatoria y la celebración de elecciones generales.
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