El Congreso de los Diputados español aprobó hoy la reincorporación del denominado «impuesto para ricos» que afectará a unos 160.000 contribuyentes con patrimonios por un valor superior a los 700.000 euros.
El decreto del gobierno socialista fue sometido a convalidación y recibió 176 votos a favor, 2 en contra, y 166 diputados se abstuvieron, anunció el presidente del Parlamento, José Bono.
La medida, que es de carácter temporal, salió adelante con el apoyo del gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y de los grupos de izquierda minoritarios, que emitieron un voto “crítico”.
El opositor Partido Popular (PP) y las principales fuerzas nacionalistas se abstuvieron tras poner en duda la capacidad recaudatoria de esta iniciativa que consideraron «electoralista». Sólo Coalición Canarias (CC) votó en contra
El gobierno del presidente José Luis Rodríguez Zapatero había eliminado el impuesto al patrimonio en 2008 y ahora lo recupera ampliando la base impositiva justo al límite del final de su mandato.
La votación de esta propuesta, impulsada por el actual candidato socialista a la presidencia y ex ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, tuvo lugar en la última sesión previa a la disolución de la Cámara Baja, de cara a las elecciones generales del 20 de noviembre.
“Este impuesto está dirigido a un número reducido de contribuyentes con una especial capacidad económica, a los que pedimos un esfuerzo adicional”, afirmó la vicepresidenta económica Elena Salgado, al defender el impuesto a los “ricos” en el Congreso.
El impuesto se recupera exclusivamente para 2011 y 2012 y se limita a los patrimonios superiores a los 700.000 euros, lo que supone multiplicar casi por siete el límite anterior a 2008, que era de 108.000 euros. Además, el mínimo exento para viviendas se eleva a 300.000 euros, el doble.
El gobierno calcula que ingresarán 1.085 millones de euros extras al año, que irán a las Comunidades Autónomas (gobiernos regionales), ya que es un impuesto cedido a ellas.
El gobierno pretende luchar así contra el elevado endeudamiento de las comunidades, una preocupación continua en los últimos meses para los mercados internacionales, que temen que pueda influir en las previsiones de déficit del conjunto del Estado español.
Desde la oposición, hubo coincidencia en calificar la medida como «populista» y «electoralista».
Así lo hicieron saber el portavoz económico del PP, Cristóbal Montoro; el diputado del partido nacionalista catalán Convergencia i Unió (CiU) Josep Sánchez Llibre; el representante de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) Joan Ridao; la diputada ecosocialista Nuria Buenaventura; y su par del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Francisco Jonquera.
El líder del PP, Mariano Rajoy, se opone a este gravamen, que en su opinión “penaliza el ahorro”, pero aún no aclaró que hará con él si llega al poder tras los comicios.
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