Más de cien mil personas marcharon pacíficamente por Santiago en reclamo de educación pública gratuita y de calidad, pero todo terminó con un nuevo enfrentamiento entre policías y grupos encapuchados, en momentos en el que el gobierno endurece su postura con los estudiantes y elude debatir soluciones de fondo al prolongado conflicto.
Los manifestantes caminaron en dos marchas simultáneas que convergieron en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, en un barrio de clase media baja, convocados por la Mesa Social de Educación, que nuclea a las agrupaciones estudiantiles universitarias y secundarias y de profesores, para culminar 48 horas de paro nacional, informaron las agencias ANSA, DPA y Prensa Latina.
La movilización, que se repitió en varias ciudades del interior, contó con la participación de trabajadores estatales y privados de varios sectores, familiares de estudiantes y militantes de organizaciones sociales, que bailaron y cantaron por una reforma estructural en el sistema educativo, reclamada desde hace más de cinco meses y avalada por más del 80 por ciento de los chilenos.
«Todos comparten nuestras demandas, el gobierno debe asumir que sólo tiene un respaldo de 22 por ciento», sostuvo el líder universitario de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), Francisco Figueroa, quien hoy regresó de Europa junto a los dirigentes Camila Vallejo y Giorgio Jackson, donde expusieron sus reclamos ante organismos internacionales.
«El gobierno nos ha cerrado las puertas, no quiere escuchar», por lo que «esta lucha no se resolverá este año», afirmó desde el escenario Vallejo, quien resaltó que el modelo educacional chileno es uno de los más discriminatorios del mundo, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), de la que
Chile forma parte.
Una vez culminado el acto, unos cien manifestantes, muchos de ellos con el rostro cubierto, comenzaron a encender barricadas en incidentes que culminaron en enfrentamientos con la policía, pese a que fueron muchos los que intentaron dispersarlos arrebatándoles palos e instándolos a manifestarse en forma pacífica.
Los dirigentes estudiantiles volvieron a desligarse del accionar de estos grupos minoritarios, que aprovechan cada una de estas manifestaciones para generar incidentes y provocar a los efectivos de Carabineros, propensos a cometer excesos y reprimir indiscriminadamente, según varias denuncias.
Un grupo de observadores de organizaciones sociales, entre ellos del autónomo Instituto Nacional de Derechos Humanos, vigilaron el actuar de la policía y emitirán un informe, pero anticiparon que más de cuarenta personas fueron detenidas y que de ellas, sólo 10 arrestos se ajustaban a derecho.
Los desmanes, que ayer terminaron incluso con un colectivo de pasajeros incendiado, motivó que el gobierno endureciera su postura hacia las movilizaciones estudiantiles con la aplicación de la pinochetista Ley de Seguridad del Estado, que aumenta las penas de cárceles por alteración del orden público.
«Hay grupos que están tremendamente coordinados a fin de generar un cuadro de cierta violencia y alteración del orden público», justificó hoy el subsecretario del Interior, Felipe Ubilla.
Por su parte el ministro vocero de La Moneda, Andrés Chadwick, sostuvo que se está «en presencia de extremistas, de gente que actúa a cara encubierta, encapuchados, con armas, con violencia, con premeditación».
En cambio, el secretario general de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Cristóbal Lagos, consideró «lamentable e injustificado» que el Ejecutivo apele a una ley represiva creada durante el régimen militar de Augusto Pinochet.
«No va acorde con la situación actual. No se justifica porque no hay una situación de caos ni de extrema violencia en el país», señaló el dirigente estudiantil. «Hay una estrategia enfilada a desplazar el debate de los puntos centrales donde hay convergencia entre los estudiantes y la ciudadanía y por ese camino terminar hablando sólo de violencia y encapuchados», agregó.
«Sospechosamente no se detiene a los encapuchados ni a los que causan desmanes que son minoritarios, sino más bien se usa la fuerza policial para entrar en las universidades, criminalizar el Movimiento Social por Educación Pública y Gratuita y sembrar el miedo en la ciudadanía», concluyó.
La discusión de fondo es la discusión del Presupuesto 2012, que apenas aumenta en 700 millones de dólares las partidas para educación.
El movimiento del sector educativo, la oposición y hasta parte del oficialismo coinciden en la necesidad de aumentar las partidas presupuestarias para la educación y apuntar a una reforma tributaria que garantice la gratuidad de todo el sistema.
El jefe de la bancada de senadores de la oficialista Unión Demócrata Independiente (UDI), Hernán Larraín, expresó que otorgar gratuidad sólo al 40 por ciento de los estudiantes con menores recursos, como propone el Ejecutivo, «es insuficiente», por lo que «hay que dar un paso para incrementarlo» desde el Congreso como
«una manera de ayudar al gobierno para que se sensibilice y sintonice con la inquietud ciudadana».
Los jóvenes y sus familias deben desembolsar miles de dólares anuales para pagar los costos de estudiar en universidades públicas, todas pagas, en un país en el que la mitad de los hogares vive con menos de 900 dólares mensuales.
Télam
