En medio de la huelga, tanto los delegados como la Nación atacaron a Metrovías. El paro de subtes y el Premetro comenzó este miércoles a las 12 y se extenderá por 36 horas. En diálogo con Ciudad1, el delegado Néstor Segovia manifestó que “hay 100 por ciento de acatación de los trabajadores” y agregó que “no es cómodo para nosotros llevar adelante esta medida de fuerza”.
La huelga se realiza en repudio al fracaso de la última reunión paritaria, en la que los trabajadores reclamaron un aumento salarial de 28 por ciento. Ante ese pedido, la empresa concesionaria Metrovías argumentó que no tiene dinero porque los «subsidios» de la Nación permanecen «depositados en una cuenta administrativamente no accesible».
En este sentido, Segovia manifestó que “Metrovías tiene la plata para pagarnos los salarios”, y denunció que desde que la empresa no recibe más los subsidios “no se le da mantenimiento a los subtes”. “Tiene que hacerse responsable”, subrayó.
Además señaló que “en la interna entre Nación y Ciudad (por el traspaso de los subtes) nosotros quedamos en el medio del sándwich”.
“Macri actuó con irresponsabilidad al firmar un contrato, aumentar el pasaje y después retirarse”, sostuvo Segovia y manifestó que “el gobierno nacional tiene que intervenir en esta situación”. “Estamos hablando de vidas humanas”, puntualizó.
La respuesta de la Nación
Ante la situación, el Secretario de Transporte de la Nación, Alejandro Ramos, el Ministro de Planificación, Julio de Vido, y el Ministro de Trabajo, Carlos Tomada, brindaron una conferencia de prensa a las 17 para referirse a la medida de fuerza.
Ramos indicó que el Subte es un “bien que desde el año 1979 pertenece a la Ciudad”. “Creo que no hay mucha materia de discusión desde el punto de vista jurídico y normativo”, manifestó el funcionario.
Ramos también sostuvo que el gobierno porteño empezó a ejercer el control del servicio del Subte con el aumento de la tarifa de 1,10 a 2,50 pesos.
«Empezó a controlar, pero de un día para otro dijo que no podía, alegando problemas de seguridad pública», sostuvo el funcionario.
Ramos manifestó que los recursos establecidos en los acuerdos fueron aportados y el gobierno nacional cumplió con lo pautado en el acta de transferencia.
A su turno, Julio de Vido advirtió que «no puede estar bajo ninguna discusión que los subterráneos son propiedad de la Ciudad» y acusó que el gobierno porteño «se borró» de su responsabilidad en la prestación del servicio del Subte y el Premetro.
De Vido aseguró también que «es ilegal que el Grupo Roggio suspenda el servicio luego de haber ganado 413 millones de pesos en Metrovías» e instó a los trabajadores a reflexionar sobre «la actual situación, porque no pueden ser funcionales a la amenaza proferida en perjuicio de los usuarios».
El ministro señaló que «es muy claro que no deben ser funcionales a la actual situación, porque los únicos perjudicados serán los usuarios, amenazados por Roggio», a la vez que expresó que nunca la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) dejó de controlar el servicio de subterráneos, que es «el rol que le cabe al Estado Nacional».
En ese sentido, el titular de la cartera de Planificación Federal adelantó que enviará a todos los órganos de control que tiene a su cargo a la empresa para que «revisen los contratos de empresas tercerizadas» que tiene el Grupo Roggio y con las cuales “ganó 263 millones de pesos”.
Luego, el Ministro de Trabajo Carlos Tomada defendió su decisión de haber convocado al titular de Subterráneos de Buenos Aires (Sbase), Juan Pablo Piccardo, con la Policía Federal. «He ejercido las competencias legales que tiene el ministerio», reivindicó.
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