Los organizadores de la protesta prometieron «resistir» y aseguraron que esperan que se encarcele a los banqueros que dejaron a su país «en la ruina».
España: ordenan detener a organizadores de saqueos
El gobierno del presidente Mariano Rajoy ordenó este miércoles detener a los autores de dos saqueos a supermercados en España, acción inédita realizada por sindicalistas y desocupados para entregar alimentos a personas necesitadas en pleno recrudecimiento de la crisis económica.
El gobierno dijo que los saqueos fueron hechos «muy graves» que no pueden justificarse con la crisis y que suponen «tomar justicia por las manos», mientras que los organizadores defendieron las acciones y calificaron las órdenes de detención, que prometieron resistir, como propias del ex dictador Francisco Franco.
La decisión del gobierno del Partido Popular (PP) de Rajoy llegó un día después de que se produjeran los hechos en localidades del sur de España y de que uno de los supermercados, Mercadona, afirmara que iba a denunciar la sustracción de los alimentos.
«El establecimiento presentó una denuncia y he dado orden a la Policía y a la Guardia Civil de que detenga a los autores de esas acciones y los pongan a disposición judicial», anunció el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en declaraciones a la prensa española.
El titular de Interior añadió que habló con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, para que pida a la Fiscalía general del Estado «que actúe» contra quienes «están incitando» a realizar estos actos, que calificó de «muy graves».
«Todos somos conscientes de que la gente lo está pasando mal, pero el fin no justifica los medios», dijo Fernández Díaz, quien añadió que «en ningún caso» se va a permitir que se tome «la justicia por las manos» porque «esto sería la ley de la selva».
Los saqueos, organizados por el anticapitalista Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), tuvieron lugar en Ecija, Sevilla, y Arcos de la Frontera, Cádiz, en el sur del país, donde la crisis está haciendo estragos y la tasa de desempleo, del 34% (40% en zonas rurales), supera con creces la media de España y Europa.
La acción fue liderada por el alcalde de la localidad sevillana de Marinaleda y diputado regional de Izquierda Unida (IU) Juan Manuel Sánchez Gordillo, quien en declaraciones a Télam remarcó que se trató de un acto «simbólico» de «desobediencia civil» para denunciar las políticas de ajuste del gobierno y sus consecuencias para miles de familias que no tienen para comer.
«La orden de interior es propia de los gobernadores de la época del dictador (Francisco) Franco, que parece que resucitó en La Moncloa con el PP», denunció Sánchez Gordillo.
«Yo he enseñado el camino. Si el gobierno no quiere que ocupemos grandes superficie, que establezca una renta básica, si no volveremos a ocupar», advirtió el barbado e histórico líder de la izquierda anticapitalista.
Sánchez Gordillo defendió la «radicalización de las acciones» desde la «no violencia activa», mientras espera la orden de arresto junto a 500 jornaleros que están a punto de ser desalojadas de un campo «ocupado» en Sevilla, propiedad del Ejército, en el que quieren hacer funcionar una cooperativa.
«No nos vamos a ocultar, vamos a resistir», dijo por su parte Diego Cañamero, secretario general del SAT. «Esperábamos que dieran la orden para detener a los banqueros, a los que dejaron a España en la ruina, o a los empresarios que hacen fraude, y no a los que se llevan unos kilos de frijoles y lentejas para los necesitados», sostuvo Cañamero en declaraciones a Télam.
En Ecija, el saqueo se produjo a la vista de la policía, que permitió que los activistas salieran del supermercado Mercadona con nueve changos cargados de alimentos, tras producirse algunos forcejeos con los empleados, explicó el líder sindical.
En Arcos de la frontera, los empleados del supermercado -un Carrefour- cerraron las puertas y no dejaron salir a los militantes, pero después de una negociación con los responsables del establecimiento y la policía, «se llegó a un acuerdo» y se sacaron 15 changos con alimentos, relató.
«El objetivo era repartir los alimentos, ya que las grandes superficies tiran cada día una gran cantidad de comida cuando caduca», argumentó Sánchez Gordillo frente a unos hechos que el gobierno consideró un saqueo o «robo».
El diputado Gaspar Llamazares, de IU, defendió abiertamente la acción liderada por Sánchez Gordillo, que fue reprobada por dirigentes del gobernante PP y del opositor Partido Socialista (PSOE).
Cándido Méndez, secretario general la Unión General de Trabajadores (UGT, central mayoritaria) tampoco apoyó la medida.
«No es la manera de enfocar los problemas sociales y económicos gravísimos» de España», sostuvo.
Llamazares insistió en que se trató de un acto «simbólico» que se hizo » con la cara al descubierto y no en beneficio propio», sino «para personas que tienen dificultades económicas», al tiempo que remarcó que el Código Penal «justifica» este tipo de acciones en «situaciones dramáticas».
«Nos parece una barbaridad», dijo por su parte, el secretario de Relaciones Institucionales y Política Autonómica del PSOE, Antonio Hernando.
Minuto Uno
