Cristina Kirchner cumplió tres años de gobierno, cuando la seguridad pública se ha transformado en la primera crisis política que ha tenido que enfrentar sin Kirchner. Análisis del titular del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría, Rosendo Fraga.
Cristina Kirchner cumplió tres años de gobierno con una expectativa similar a la que tenía entonces. Tres años atrás la cuestión era si ella podría generar un estilo propio con cierta independencia de su esposo y ex presidente, Néstor Kirchner. La respuesta fue que no. Rápidamente se puso en evidencia que él seguía ejerciendo el poder y tomando las grandes decisiones políticas. La confirmación del equipo de gobierno ratificó esta continuidad. La derrota frente al campo en 2008 y el fracaso electoral en 2009 dejaron al gobierno de Cristina Kirchner debilitado políticamente. Si bien es cierto que desde fines del año pasado la aprobación de su gestión fue mejorando, pasando su aprobación de una cuarta a una tercera parte de la opinión pública (recuperación en gran medida impulsada por la mejora en la economía), también lo es que si se hubiera votado el 26 de octubre, ella o su marido hubieran perdido en la segunda vuelta. La muerte de Kirchner favoreció la imagen de su esposa. Solo el velorio hizo que Cristina pasara de un tercio de los votos a algo menos de la mitad y si se votaba un mes después, el 1 de noviembre, ella ganaba en la primera vuelta. Se benefició así del llamado efecto luto, que en el campo opositor había generado la figura de Ricardo Alfonsín como principal candidato de la UCR, a partir del velorio de su padre.
Al mismo tiempo que cumple tres años en la Presidencia, Cristina está cumpliendo un mes y medio sin Kirchner. Durante estas seis semanas no perdió la mejora en la imagen y la intención de voto generada por el efecto luto. Fue mostrando un perfil propio, diferente al que tenía en vida de su marido, en cuatro aspectos: las relaciones exteriores, donde asumió una posición más conciliadora, como se puso en evidencia en la Cumbre Iberoamericana de Mar del Plata cuando eludió confrontar con los EEUU, pese a las criticas en los cables de la embajada de Washington en Buenos Aires filtrados por wikileaks; con el empresariado, al asumir un lenguaje más conciliador; en la política económica, al aceptar cierto grado de relación con el FMI, algo impensable en vida de Kirchner y por último el en el campo sindical, al mantener una posición algo más distante respecto a Hugo Moyano. Al mismo tiempo, mantuvo la misma coalición política, integrada por el peronismo representado por gobernadores e intendentes, el sindicalismo liderado por la CGT oficialista y la izquierda kirchnerista no peronista, integrada por movimientos sociales y organizaciones de derechos humanos. No hubo cambios en esta política, como lo evidenciaron los actos realizados el 10 y el 12 de diciembre; tampoco en la posición garantista en materia de seguridad pública; mantuvo una relación conflictiva con el Congreso, el gasto fuera del control presupuestario y una relación distante con la oposición. Su candidatura para 2011 fue planteada por el kirchnerismo sin que ella hiciera nada para impedirlo o demorarlo. El conflicto con los medios privados se mantuvo, al igual que una política económica que da prioridad al crecimiento sobre la inflación.
La seguridad pública se ha transformado en la primera crisis política que Cristina ha tenido que enfrentar sin Kirchner. El kirchnerismo había asumido durante siete años y medio en el poder, que un muerto en una protesta social podía transformarse en una crisis política ingobernable. Una semana antes de morir el ex Presidente, la muerte de un militante del PO (Ferreyra) por parte de barras bravas que respondían al sindicato ferroviario, alineado con el oficialismo, había abierto esta crisis; a los pocos días de iniciar Cristina su gobierno sin Kirchner, en Formosa dos aborígenes y un policía mueren en un enfrenamiento en el marco de una protesta social y ahora es la muerte de tres -o cuatro- okupas del Parque Indoamericano, en enfrentamientos que tienen primero con las policía (Federal y Metropolitana) y luego con vecinos, el hecho que escala esta crisis. La ocupación de este espacio público se inicia liderada por un puntero kirchnerista (Salvatierra), quien ha estado preso por delitos comunes. La reacción inicial del oficialismo es responsabilizar al Jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, por la represión, pero al percibir el gobierno nacional que la opinión pública coincide más con su discurso, aunque critique a los inmigrantes, cambia de política y dispone que las fuerzas de seguridad nacionales (Gendarmería, Prefectura y Policía Federal) intervengan para evitar nuevos enfrentamientos y congelen la situación, mientras se intenta negociar con los ocupantes. Macri -quien tuvo el apoyo de las entidades más importantes de paraguayos y bolivianos radicados en el país- se ha visto favorecido al aparecer como el opositor más relevante del kirchnerismo, en momentos que el PJ disidente está replegado, la UCR dividida y el Acuerdo Cívico y Social en crisis, como lo muestra el lanzamiento de la candidatura de Carrió. La extensión de las ocupaciones a otros lugares de la Capital y el Gran Buenos Aires, muestran que el problema está escalando, mientras que el Ejecutivo desobedece órdenes judiciales de desalojo.
La crisis de seguridad pública ha precipitado el primer cambio en el gabinete de Cristina sin Kirchner. La creación del Ministerio de Seguridad, del cual dependerán las tres fuerzas de seguridad mencionadas más la policía aeronáutica, y la designación para el cargo de Nilda Garré, implica que se profundiza la política garantista en materia de seguridad pública y que pierde terreno el peronismo tradicional y lo gana la izquierda kirchnerista. La situación tanto del Jefe de Gabinete (Aníbal Fernández) como la del ministro de Justicia y Derechos Humanos (Julio Alak), de quien dependían hasta ahora las fuerzas de seguridad nacionales, se ha tornado incierta. Garré ha sido designada para llevar a cabo en estas fuerzas el mismo tipo de política realizada en los últimos años con las Fuerzas Armadas, tendiente a imponerles un alineamiento con la política de derechos humanos del gobierno nacional. Es probable que comience con el descabezamiento de la cúpula de la Policía Federal, como se hizo con las Fuerzas Armadas al asumir Kirchner en 2003.
Fuente: www.agenciacna.com
