Después de haber denunciado penalmente a los miembros no oficialistas del Consejo de la Magistratura, donde no puede imponer a un juez afín en el juzgado que tramita el planteo de Clarín, el Gobierno ahora hizo lo mismo con un camarista del fuero Civil y Comercial, que lleva la causa. Lo acusa de haber recibido «dádivas» del grupo.
Foto: NA.
(Urgente24)
La denuncia penal se ha convertido en la estrategia del Gobierno en su fracaso político para imponer a un juez afín en el juzgado que debe resolver el planteo del Grupo Clarín sobre la presunta inconstitucionalidad de los artículos 45 y 161 (de desinversión) de la Ley de Medios.
El Gobierno de Cristina Fernández ha hecho de la aplicación total de la legislación sobre el Grupo casi su razón de ser. Es mucha la expectativa que han puesto el Gobierno y los militantes cristinista sobre el denominado ‘7D’, es decir el 7/12, día que caduca una medida cautelar que beneficia al holding dirigido por Héctor Magnetto.
Pero en lo pasillos de la Casa Rosada también existe el temor de que por algún motivo el ‘7D’ se frustre, lo que sería una durísima derrota del oficialismo en el inicio de la cuenta regresiva para las elecciones de medio término que se celebran el próximo año.
Por eso, la judicialización aparece como una vía desesperada del Gobierno, cuyo fracaso en el Consejo de la Magistratura para la designación de una funcionaria que responde a la Jefatura de Gabinete, María Lorena Gagliardi, como titular del Juzgado Civil y Comercial Nº1 es ostensible. Allí no consiguen el número necesario para aprobar el pliego, y por eso el oficialismo ha hecho suspender la sesión en más de una oportunidad.
Otro capítulo de la embestida judicial del Gobierno se produjo este viernes (2/11), cuando el camarista del fuero Civil y Comercial Francisco De las Carreras fue denunciado penalmente por el Poder Ejecutivo, que lo acusó del delito de «dádivas», el mismo por el cual será juzgado el exsecretario de Transporte kirchnerista, Ricardo Jaime.
De acuerdo a la denuncia, confirmada por el ministro de Justicia, Julio Alak, a Carreras el grupo Clarín le habria financiado un viaje a Miami para participar de un congreso organizado por la ONG CERTAL, que «integra y financia» el holding mediático.
La denuncia penal se suma a la que ya hizo el Gobierno respecto a los miembros no oficialistas del Consejo de la Magistratura, a quienes acusa de trabar la designación de jueces. La embestida oficial ya logró, además, las renuncias de otros 2 camaristas del fuero Civil y Comercial, Martín Farrel y Santiago Kiernan. Además, tras una recusación, también dimitió el entonces subrogante del juzgado Nº1, Raúl Tettamanti.
De acuerdo a la agencia Télam, la presentación ante la Procuración General de la Nación, realizada en la mañana de este viernes por la Jefatura de Gabinete, aporta prueba documental que acredita la realización del evento y la participación de De Las Carreras financiada por CERTAL, «elementos suficientes para impulsar la investigación penal sobre el camarista», según la cartera de Justicia.
De las Carreras interviene en la demanda por inconstitucionalidad del artículo 161 de la ley de Medios interpuesta por el Grupo Clarín, ya falló en distintas oportunidades a favor de los intereses del multimedio, y tiene actualmente en estudio la prórroga de la medida cautelar que mantiene suspendida la vigencia plena de esa norma, según Télam.
En declaraciones a la agencia oficial de noticias, el ministro Alak amenazó a de las Carreras con la prisión, al asegurar que la presunta falta «no es una irregularidad ética sino que configura un hecho penal” y que «es un hecho que contempla penas de entre 4 y 12 años de prisión».
En su defensa, de las Carreras aportó documentación que busca probar que pagó de su bolsillo los gastos de comida, por ejemplo, en un hotel de Miami, adonde fue invitado a participar de un congreso sobre propiedad intelectual este año.
Según informó el diario Clarín, entre la documentación anexa entregada junto con su informe, De las Carreras incluyó una copia del resumen de su tarjeta de crédito. Allí figura claramente que tuvo un gasto de US$688,70 emitido a favor de la empresa “Biltmore Hotel and Suites”.
El magistrado ya había informado que viajó entre el 1 y 3 de mayo a un seminario en la Universidad de Miami sobre propiedad intelectual invitado por la organización internacional CERTAL, como lo había hecho con otras instituciones equivalentes en diversas ocasiones y por el mismo tema, que es su especialidad académica.
La organización se hizo cargo del pasaje aéreo y del costo del pernocte en el hotel.
De las Carreras ya había sido intimado por el Consejo de la Magistratura a que en 20 días presente su descargo.
