Finalmente se presentó el proyecto de ley con 81 artículos para que la Ciudad se haga cargo del Subte. El proyecto se debatirá en la comisión de Obras y Servicios Públicos con la necesidad del macrismo de sumar aliados para llegar a los 31 votos necesarios para su aprobación.
El Diputado PRO Martín Ocampo fue quien movió el proyecto en el Poder Ejecutivo y se reunió con Cristian Ritondo, Vicepresidente I de la Legislatura, inmediatamente después de que el Jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri hiciera pública la decisión de operar el Subte.
Bajo el título “Ley de Regulación y Reestructuración del Sistema de Transporte Ferroviario del Pasajeros de Superficie y Subterráneo”, la propuesta fue girada desde la Jefatura de Gabinete de Horacio Rodríguez Larreta.
Con relación al precio del boleto, el texto especifica que “el servicio del Subte será prestado a tarifas justas y razonables”. Se entiende por “tarifa técnica aquella que refleja los costos de la explotación, la que será establecida por la Autoridad de Aplicación”.
El organismo que maneja Juan Pablo Picardo, Subterráneos de Buenos Aires, “realizará los estudios y establecerá las bases para la revisión periódica de los cuadros tarifarios” y que “deberán ser revisadas anualmente”.
Además, se aclara que “en caso de incrementos de costos que superaren un siete por ciento los costos tenidos en cuenta para el establecimiento de la tarifa técnica en su última determinación, la Autoridad de Aplicación procederá a iniciar el proceso de revisión tarifaria inmediatamente de ocurrido el incremento”.
El proyecto establece “que el transporte ferroviario de pasajeros de superficie y subterráneo es un servicio público esencial” por lo que, según el artículo 21, “en caso de bloqueo de la prestación del servicio y/o compulsión a la huelga, y/o cuando por la fuerza se impida la prestación del servicio público esencial y/o se atente contra la seguridad del transporte la concesionaria deberá realizar la denuncia penal correspondiente”.
La Ciudad ira por el cumplimiento de decreto 1.683/05, el cual “aprobó un programa de obras indispensables y adquisición de bienes, a fin de Fortalecer y Desarrollar el Programa de Obras del Sistema Público de Transporte Ferroviario de Pasajeros del Subterráneo del Área Metropolitana de Buenos Aires, las que en su mayoría continúan pendientes”.
Por otra parte, habrá incremetos en las estaciones de servicio y las autopistas. Los combustibles premium abonarán 0,40 centavos del precio sin impuestos establecido como valor de referencia por cada litro expendido de ese combustible al igual que el gas oil de alta calidad mientras que la súper aportará 0,30 centavos ; el gas oil común 0,20 centavos y 0,15 centavos por metro cúbico.
Las autopistas porteñas pasarán a costar 10 por ciento más de los valores actuales una vez aprobada la norma y en el artículo 58 pide modificar la ley tarifaria para gravar con una suma especial a los automóviles de más de 150 mil pesos.
El debate parlamentario se perfila complicado ya que, a poco más de un mes para finalizar con los subsidios a pasajeros, el kirchnerismo advirtió que estos impuestos son “inconstitucionales”.
Críticas opositoras
La legisladora kirchnerista María José Lubertino sostuvo que “lo que sería a priori una buena noticia, se ve empañada por el conjunto de anuncios que la acompañan: festival de aumentos en peajes (que ya se habían incrementado hasta 900 por ciento durante la gestión macrista), combustibles y patentes, sin descartar un futuro aumento de tarifas. En forma adicional, se plantean importantes recortes en los derechos laborales de los trabajadores del Subte, de muy dudosa implementación, que tienden a exacerbar los conflictos en el sector”.
En tanto, el Diputado porteño Alejandro Bodart (MST-Proyecto Sur) afirmó que el proyecto de ley «es privatista, engañoso y antiobrero. Mantiene a Metrovías, a otro privado o convierte a la empresa estatal SBASE en una S.A. Se financia con nuevos impuestos que pagamos todos y durante los 5 años de ‘emergencia’ el gobierno puede aumentar la tarifa sin audiencia pública previa (art. 11 inc. 9). Además ataca todos los derechos laborales, como la jornada, la insalubridad y el derecho de huelga.»
Bodart, autor del proyecto de reestatización del Subte, agregó que «sólo habrá un servicio seguro y eficiente si es estatal y con control social.»
Fuente: Ciudad1
