Asumirá el próximo sábado y buscará un gran acuerdo político para hacer frente a un país devastado por la guerra contra las drogas y la pobreza. El desafío de recuperar un rol activo del Estado.
Por Jorge Pailhé
Enrique Peña Nieto se convertirá pasado mañana en presidente de un México devastado por una guerra contra el crimen organizado que causó al menos 60 mil muertos en seis años de gobierno de Felipe Calderón, y frente al desafío de rescatar de la pobreza a 25 millones de personas que no tienen asegurada la alimentación diaria.
El nuevo mandatario, ex gobernador del estado de México y dirigente del histórico Partido Revolucionario Institucional (PRI), que ostentó el poder a lo largo de 71 años ininterrumpidos, se propuso entrar a la residencia de Los Pinos con un gran acuerdo político bajo el brazo, única forma -considera- de llevar adelante el difícil proceso histórico que le toca conducir.
Esa suerte de pacto no parece obedecer a un capricho del nuevo mandatario sino todo lo contrario, ya que gira alrededor de la búsqueda de reformas -probablemente impositivas- que posibilitarán condiciones de mayor equidad y justicia social.
Los invitados a este gran acuerdo son el hasta hoy oficialista Partido de Acción Nacional (PAN), de centroderecha, y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), de centroizquierda, cuyo ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador acaba de partir para armar otra agrupación política luego de rechazar el triunfo electoral del PRI.
Peña, de 46 años, sabe perfectamente que sobre una población de 115 millones de mexicanos, 40 millones se encuentran encuadrados en la franja de la pobreza, y, de ellos, 25 millones en la indigencia.
Este panorama se agrava aún más si se admite que en algunas poblaciones, sobre todo rurales, el Estado está ausente y es el propio crimen organizado el que rige la vida de la población administrando servicios básicos, en un fenómeno similar al de las guerrillas en Colombia.
«Cuando los chavos (niños) juegan a policías y narcotraficantes, prefieren hacer el papel del narcotraficante», aseguró en una entrevista con Télam el diputado del PRI Nicolás Bellizia para ilustrar hasta qué punto los grupos mafiosos lograron en algunas poblaciones ocupar el lugar del Estado brindando oportunidades económicas y hasta impartiendo justicia.
Todas estas circunstancias y estadísticas son destacadas al abordar la difícil cuestión de la violencia, instalada a partir de la guerra sin cuartel que Calderón emprendió contra las mafias y el narcotráfico, bajo el razonamiento de que, si el Estado no es capaz de ofrecer políticas básicas, el crimen organizado cuenta allí con un gran caldo de cultivo para sus actividades.
Calderón prefiere no hacerse cargo de las críticas a su política, pero la realidad marca que la mayoría de la población no está de acuerdo con su evaluación, y de hecho en las elecciones de julio relegó al oficialismo al tercer puesto.
Según una encuesta de la empresa Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE) conocida hoy, dos de cada tres mexicanos creen que los cárteles del narcotráfico van ganándole la guerra al gobierno mexicano.
Los principales analistas políticos locales admiten que, en el estado en que está la guerra interna, es poco lo que podrá hacer Peña Nieto para cambiar el rumbo en forma terminante, y el propio mandatario electo fue muy cuidadoso al pronunciarse al respecto, sin asumir nunca un compromiso de abandonar el frente de batalla.
En este sentido, no son pocos los políticos y observadores mexicanos que descreen del efecto que puede tener el enfrentamiento militar, y que, en cambio, recomiendan atacar «el sistema financiero» que poseen las bandas delictivas.
Por ahora, Peña Nieto prefiere presentar con cierta grandilocuencia los objetivos que animarán su gestión de gobierno, con fecha de vencimiento en 2018: «Es momento ya de cumplir la gran hazaña de transformar a México. Demostremos al mundo que en democracia sí es posible realizar transformaciones de fondo».
Fuente: Télam
