La tensión entre el Frente Amplio y el Poder Judicial va en aumento. El lunes 18/02, desde la coalición de izquierda se acusó a la Suprema Corte de Justicia de defender el «poder hegemónico», y se reconoció la preocupación por la posición de sus ministros ante el proyecto de José Mujica de gravar más a los propietarios rurales. Además, el caso de la jueza Mariana Motta.
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). El traslado de la jueza Mariana Mota de una sede penal a otra civil -tenía a su cargo más de 50 causas vinculadas a delitos cometidos por militares durante la dictadura (1973-1985)- generó ira en el Frente Amplio (FA), que fue potenciada por la declaración de inconstitucionalidad del Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR) y un posible fallo anulatorio de la ley interpretativa de Caducidad.
El diputado y secretario general del Partido Socialista, Yerú Pardiñas, dijo al diario El País, de Montevideo, que si bien se respeta la decisión adoptada por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en el caso Mota, no se la puede tomar «como una verdad absoluta».
Y opinó que «es evidente que de consagrarse todas estas resoluciones, la mayoría de la Suprema Corte está interpretando las normas en forma bastante diferente a lo que es el sentir no solamente del Frente Amplio, sino también en el caso de la jueza Mota de las organizaciones sociales».
El senador y secretario general del Partido Comunista, Eduardo Lorier, criticó desde su muro de Facebook las decisiones de la SCJ, a las que vinculó al «poder hegemónico».
Según Lorier, «las superestructuras jurídico-políticas actúan para defender los intereses dominantes. La tierra no se toca y a los criminales violadores de los Derechos Humanos tampoco. Eso nos quieren decir. Por eso, qué bien que han hecho (Hugo) Chávez, (Rafael) Correa y Evo (Morales) modificando la Constitución por la vía democrática».
En tanto, «con todo respeto» el vicepresidente Danilo Astori opinó que «sería conveniente que la Suprema Corte hiciera conocer los fundamentos del traslado, sería una contribución enorme para disminuir la tensión y le daría solidez a la decisión que ha tomado».
El Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio respaldó la convocatoria al Parlamento a los ministros de SCJ, para que brinden explicaciones sobre el traslado de Mota.
Los ministros de la SCJ analizarán si es procedente o no la convocatoria una vez que esta les sea cursada formalmente. Mientras tanto, no harán comentarios sobre el tema, dijo el magistrado Jorge Larrieux.
El campo
En tanto, para solucionar la necesidad del dinero ya comprometido por la recaudación prevista por el ICIR (Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales), el gobierno de José Mujica intenta buscar otras alternativas que no impliquen gravar a la tierra directamente.
Algunos intendentes reflotaron la idea del “que rompe paga”, según han declarado después de su encuentro con Mujica en la residencia presidencial Anchorena, en Colonia.
Consultada por la posibilidad de reformar la Constitución, la presidenta del Frente Amplio, Mónica Xavier, recordó al diario El Observador, de Montevideo, que desde noviembre de 2012 la coalición de izquierdas tiene aprobado un plan político que incluye reflotar la comisión de la fuerza política para establecer el mecanismo y el contenido de los posibles cambios.
La reforma de la Constitución está prevista en el programa del FA para este período. Pero los tiempos no dan para este período y a lo sumo se podrá plebiscitar en 2014 , salvo que se negocie con la oposición.
La vía más rápida sería aprobar en el Parlamento una ley constitucional, pero para ello la mayoría del FA no alcanza y el oficialismo debería conseguir cinco senadores y 17 diputados opositores.
Otra opción implica convocar a una Asamblea Nacional Constituyente que redacte una nueva Carta Magna, pero no dan los tiempos.
Las otras dos opciones implican plebiscitarlas en las próximas elecciones: juntar firmas, aprobar un proyecto con dos quintos de la Asamblea General.
El punto de vista del Frente Amplio
Los argumentos que utiliza la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en el fallo contra el impuesto a la tierra deja al gobierno sin herramientas para aplicar otro tributo a la tierra y es por eso que se abre un debate “de fondo” en el gobierno sobre la propiedad rural.
La Corte de Justicia entendió que el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales viola los artículos 297 y 298 de la Carta Magna, que impiden la superposición de tributos de esa especie y establecen como fuente de recurso ese tipo de gravámenes a los gobiernos departamentales.
Por eso el presidente José Mujica primero –seguido ahora por distintos dirigentes del Frente Amplio– hablan de una reforma Constitucional, algo para lo que no tiene tiempo en este mandato presidencial.
El asunto genera además un debate interno dentro de la izquierda con un consiguiente pase de facturas entre el astorismo –contrario al ICIR durante su debate– y el mujiquismo, que defiende el cobro de un impuesto a la concentración de la tierra.
El prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, dijo al diario El Observador, de Montevideo, que la sentencia de la SCJ abrirá un “debate de fondo” sobre la propiedad de la tierra.
“Lo más preocupante no es la inconstitucionalidad. Lo que preocupa es que esta Corte hace una interpretación de que el único impuesto a la tierra es la contribución inmobiliaria rural. Esto es llevar a Uruguay al siglo XIV. Es un tema de fondo. La interpretación que hace la Corte es propietarista”, dijo Cánepa.
En el Poder Ejecutivo, según pudo saber El Observador, se esperaba una sentencia con argumentos puestos sobre la autonomía municipal, y no con la amplitud planteada en el escrito que firmaron 4 de los 5 ministros, dándole la razón al productor de Artigas que litigó contra la ley.
De hecho, antes de conocer la sentencia judicial, el vicepresidente Danilo Astori declaró a Telenoche 4 que según tenía entendido los argumentos de la Corte se basarían en la autonomía municipal.
La sentencia de la SCJ incluye también una sugerencia al Ejecutivo, para el caso de querer insistir con un impuesto similar, aunque con limitaciones en su alcance.
La Corte asegura que se podría crear un “impuesto adicional nacional”, pero que no exceda el monto cobrado a cada propietario por la contribución inmobiliaria.
La otra “opción” que plantea la SCJ para sustituir el ICIR establece condiciones restrictivas, como la administración exclusiva de las intendencias.Todo ello “ata de manos” al gobierno en su intención de gravar la concentración de la tierra.
“Con la creación del ICIR, se vulnera también el numeral 1º del artículo 298 de la Constitución, ya que, extendiendo la esfera de aplicación de los tributos departamentales (el sujeto activo es el gobierno departamental, según lo establece el artículo 10 de la ley impugnada), se está generando superposición impositiva, al constituirse este nuevo impuesto sobre la base de la misma expresión de capacidad contributiva (propiedad inmueble rural) contemplada en la Contribución Inmobiliaria Rural”, dice el fallo.
“Un impuesto como el ICIR solo sería procedente si se estableciera en carácter de adicional nacional, (pero) tampoco es el caso, vulnerándose así también la prohibición de superposición contenida tácitamente en el numeral 1º del artículo 297 de la Constitución”, agrega.
El gobierno y las intendencias habían formado un fideicomiso para administrar lo recaudado (US$ 60 millones al año, aproximadamente), y se habían iniciado licitaciones, que ahora necesitan una financiación alternativa.
Fuente: Urgente24
