Son sólo dos más que la mayoría, aunque la oposición consiguió 113. “Confiamos en la justicia argentina pero nada puede hacer si no hay indagatoria”, cerró un mesurado Rossi, tras catorce horas de debate. El mayor alivio del Gobierno fue cuando hubo quórum.
El Gobierno consiguió la ley que avala el acuerdo con Irán para investigar las responsabilidades en la voladura de la Amia el 18 de julio de 1994, a través de una comisión bilateral que debatirá la causa judicial instruida en Argentina, que declaró la culpabilidad de ocho funcionarios de esa país.
Fue tras 14 horas de debate y con 131 votos, sólo dos más que la mayoría, aunque la oposición reunió tan sólo 113. El reto del kirchnerismo era dar quórum y lo consiguió 17 minutos después de las 12, la hora de convocada, con 132 bancas ocupadas.
Los diputados kirchneristas celebraron el quórum con aplausos, temerosos de que un problema de último momento los llevara al papelón.
La sesión se abrió con 135 y, ante el riesgo de perderlo todo, entre los primeros en sentarse estuvieron Carlos Eliceche y Beatriz Mirkin, quienes renunciaron a la jefatura de Gabinete de Chubut y el ministerio de Desarrro Social de Tucumán para ocupar sus bancas.
“Nunca como hoy hemos recibido reconocimiento por lo que hemos hecho desde el 2003 hasta hoy por la causa Amia por parte de la oposición”, ironizó un sereno Agustín Rossi, al cierre del debate, cerca de las 2 de la mañana.
Rossi inició la mañana enterándose que en Santa Fe la diputada María Eugenia Bielsa había renunciado y lo había acusado de ser socio del socialismo. Evitó hablar del tema.
“Confiamos en la justicia argentina y por eso no nos preocupa tanto una comisión que no es vinculante. Pero si no tenemos la declaración indagatoria ni siquiera los podemos procesar”, justificó el acuerdo el jefe del bloque K.
El radical Ricardo Gil Lavedra volvió a ser implacable. “El documento es de una vaguedad increíble. Formamos una comisión de la verdad con un Estado del que sospechaos, cuando toda búsqueda de la verdad tiene que partir de un propósito común. El documento es impresentable y elimina uno de los pocos instrumentos que tenemos que son la alertas rojas”, cuestionó.
Enrique Thomas, jefe del peronismo federal, leyó varios medios oficiales iraníes en los que los especialistas del Gobierno celebraban que con el memorándum, el Gobierno argentino había reconocido fisuras en la causa.
El FAP hizo hincapié en la eliminación de la conexión local que conlleva el acuerdo. De hecho, el kirchnerismo ignoró en el debate el fallo de la Corte que en 2009 apuntó a ese tema.
“El abandono de las huellas locales lo que consagra la impunidad. Necesitábamos que estuvieran presos los cómplices locales y sin embargo ha sido una decisión de política de estado colocar la causa amia en el marco del conflicto de medio oriente. Con un discurso en al etapa de las relaciones carnales y con otro discurso ahora”, protestó Claudio Lozano.
Durante el largo debate Alcira Argumedo de Proyecto Sur y su jefe Fernando Pino Solanas habían focalizado en las negociaciones de las grandes potencias con Irán para que inicie un desarme nuclear y en la conectividad con este memorándum.
Solanas, además, reclamó «la desclasificación total de los archivos de la SIDE que tienen que ver con la causa de la AMIA, y la creación de una comisión investigadora independiente». No tuvieron eco en otros bloques.
Catorce horas de posturas encontradas
El miembro informante del oficialismo fue el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, el kirchnerista Guillermo Carmona, defendió el proyecto oficial al asegurar que el objetivo «central» del memorándum «es que presten declaración indagatoria los imputados iraníes» por el atentado, cometido el 18 de julio de 1994 y que provocó 85 muertos.
El legislador respondió las críticas opositoras, señaló que Irán «es un Estado que no está denunciado en la causa como imputado» y que «no hay posibilidad» que se lo someta a proceso, porque, de comprobarse su participación, sería una responsabilidad de tipo política pero no penal.
Carmona enfatizó que las alertas rojas de Interpol que pesan sobre cinco ciudadanos iraníes sospechados por el atentado «no se pueden modificar sin intervención del juez de la causa», por lo cual siguen vigentes.
La presidenta del GEN, Margarita Stolbizer, acusó, por su lado, al Gobierno de «no querer esclarecer los crímenes» productos del ataque terrorista, y denunció que se sometió la causa «a las necesidades, primero que nada, financieras y fiscales» del Ejecutivo.
El denarvaeizta Gustavo Ferrari, en tanto, consideró que «tiene que haber algo atrás» del tratado suscripto para que se pongan «en riesgo los códigos rojos» emitidos por Interpol y para no haber consultado «al juez (Rodolfo Canicoba Corral) y al fiscal (Alberto Nisman) en estas decisiones».
Para el macrista Pablo Tonelli, el convenio «es inconstitucional» porque se distancia de la Carta Magna que «establece la competencia» de los tribunales argentinos y la tramitación y decisión de todas las causas bajo «las leyes de la Nación».
El legislador alertó que no se puede considerar como «declaración indagatoria» la que se les tome en Irán a los acusados.
La fundadora de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, advirtió el acuerdo con Irán es «demasiado peligroso», y acusó al gobierno de la presidenta Cristina Fernández de «cambiar la política exterior» en línea con la del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y con ello de «meterse en el conflicto de Medio Oriente con implicancia nuclear».
El radical Mario Negri dijo que el entendimiento termina «con uno de los consensos básicos más importantes» mantenidos en esta etapa democrática de la Argentina, que es la «búsqueda de verdad y justicia» por el atentado a la mutual judía.
Al respecto, el peronista disidente Felipe Solá señaló que la llamada Comisión de la Verdad, que habilita el memorándum, es en realidad «una comisión pseudo-judicial» que contará con «un carácter supranacional por encima del Código Penal Argentino».
En tal sentido, acusó al canciller Héctor Timerman de ser «tibio» y favorecer a un «blanqueo» de Irán.
“Firmar este acuerdo entendimiento no significa dejar de repudiar fervorosamente el negacionismo que manifiesta Irán, ni olvidar la discriminación que en ese país enfrentan las mujeres y las minorías. Este memorándum no cambia en absoluto lo caracterización de lo que representa la República Islámica de Irán frente a nosotros y frente al mundo”, afirmó la kirchnerista Mara Brawer, que integra la comunidad judía.
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