El partido oficialista eliminó estatutos que rechazaban la participación del sector privado en la petrolera estatal. También abrió el camino a la incorporación de impuestos a alimentos y medicamentos. Con este aval, el Presidente iniciará una “modernización” económica
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La 21º Asamblea Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) supuso un importante apoyo político al presidente Enrique Peña Nieto. Los cuatro mil delegados que asistieron a la sesión del partido oficialista, llamada Transformando a México, aprobaron cambios en el estatuto, que podrían cambiar el curso económico del país.
En primer lugar, se acordó que el partido aceptaría la eventual participación de capital privado en la petrolera Pemex. De esta forma, se ratificó que el Estado es el único dueño legítimo de los recursos energéticos, se rechazó una privatización, pero se avaló la posible entrada de acciones no estatales.
El gobierno de Peña Nieto podrá, por lo tanto, abrir la puerta al sector privado dentro de la compañía estatal. El motivo alegado por el presidente es la necesidad de “modernizar” el área de recursos energéticos, dado que la producción de petróleo ha disminuido en los últimos años y México importa gasolina y gas de los Estados Unidos.
De acuerdo con datos de la Estrategia Nacional de Energía, el sector energético representa el 8 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) del país. Pemex produce actualmente 2,54 millones de barriles de crudo por día, aunque hace 9 años la producción era de 3,4 millones. A esto se suma que el crecimiento anual de la demanda de energía eléctrica es del 2,08 por ciento.
En consecuencia, Peña Nieto asegura que el país requiere aumentar las ganancias de Pemex para que continúe el crecimiento económico y no haya déficit. La solución que propone son las inversiones privadas para aliviar las finanzas del Estado, además de un mayor énfasis en la producción de gas natural.
Peña Nieto ya cuenta con el apoyo del PRI al respecto, pero le esperan arduas negociaciones con el resto del arco político. Los cambios suponen una reforma constitucional, que deberá discutirse en el ámbito legislativo.
Impuestos a los alimentos y los medicamentos
La asamblea priísta eliminó también de su estatuto las restricciones a la aplicación del IVA sobre los alimentos y las medicinas. El objetivo del Gobierno de Peña Nieto es también modernizar el sistema impositivo. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el país es el integrante con menor presión fiscal.
La incorporación de los nuevos impuestos se realizará a través del Congreso nacional, en lo que se prevé que será un debate polémico. Mientras que en países como Argentina se estudia la posibilidad de eliminar el IVA a productos básicos como los alimentos, México seguirá el camino contrario.
La mayoría de los economistas coinciden en que el gravamen sobre los alimentos, junto con el de los medicamentos, es regresivo, dado que impacta principalmente en el bolsillo de los sectores sociales con menores ingresos. La ecuación es simple: a menor salario, más proporción del dinero es destinada a la satisfacción de necesidades básicas como la alimentación.
Desde la oposición ya se han hecho oír las voces en contra. El secretario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Alejandro Sánchez, convocó a “luchar” para frenar la reforma tributaria y energética que tiene prevista el Gobierno. Distintos sectores apuntan, además, que atenta contra el denominado Pacto de México, suscripto por los principales partidos políticos para asegurar la gobernabilidad del país.
Infobae
