En el quinto día de paro de los choferes de larga distancia, Carlos Tomada se reúne con los sindicalistas y cámaras empresarias, que ratificaron que no pueden pagar el aumento del 23%. El ministro advirtió que es la “última reunión”. “La Secretaría de Transporte no tenía ni noción de lo que estaba pasando”, dijo el titular de la UTA.
El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, convocó a las cámaras empresariales y la UTA para una reunión en la que buscará una salida al conflicto con los choferes de larga distancia que ya lleva cinco días. Del encuentro también participa la secretaría de Transporte, que debería encargarse de otorgar nuevos subsidios, el reclamo que hacen los empresarios.
Pero en la previa y mientras anunciaba la reunión, Tomada advirtió que «se terminó el tiempo de los subsidios» para «la actividad de larga distancia». «De ninguna manera se puede pensar en un subsidio generalizado», completó.
Además, el ministro dijo que «se van a tomar todas las medidas que sean necesarias» para que se levante el paro, al que calificó como «inaceptable», «injustificable» e «inadmisible». «No se puede plantear un reclamo de esa naturaleza vía lock out patronal».
Otro funcionario que lanzó una advertencia fue el interventor de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), Ariel Franetovich, quien aseguró que «se están haciendo todas las constataciones para proponer la caducidad de los permisos» de las empresas que no prestan servicio desde hace cinco días.
«Esto ha dejado de ser un paro desde el mismo momento en que el viernes pasado, a última hora, se agotó la vía administrativa y desde el Ministerio de Trabajo se dispuso un 23 por ciento (de aumento)», alertó el funcionario, cercano al ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo.
El interventor de la CNRT consideró que «las sanciones tienen que ser las más duras», al tiempo que advirtió que el Gobierno buscará «terminar» con lo que denominó como «actitud de empresarios que no toman conciencia de lo que es un servicio público y sus características: la permanencia y la habitualidad».
Franetovich también señaló que «lo más grave a nuestro criterio es la complicidad que venimos advirtiendo ya desde hace rato» entre los empresarios y los sindicalistas de la UTA, un gremio que integra la CGT oficialista.
El encargado de responderle fue el secretario general de la UTA, Roberto Fernández, que aseguró que no es «socio de nadie». «Lo único que hacemos es defender nuestra fuente de trabajo, porque tenemos atrás nuestro a 22.000 trabajadores. Si las empresas dicen que no pueden pagar, creemos que no pueden pagar», declaró el gremialista.
«Esto es más grave de lo que se esperaba. Esta situación, así, no va más. Para mí la Secretaría de Transporte no tenía ni noción de lo que estaba pasando en cada empresa», señaló Fernández, antes de la reunión.
Del lado de los empresarios, se insiste en que no tienen la rentabilidad necesaria para hacer frente al aumento del 23% decretado por el Gobierno. El titular de la empresa Vía Bariloche, Néstor Carral, dijo hoy que las cámaras «no estamos en condiciones de implementar los aumentos salariales». «Al no tener la plata, el tema no tiene solución», concluyó.
«El incremento que pretende el gremio asciende a 840 millones de pesos anuales. No podemos pagar eso. Con la tarifa actual, el sector no tiene rentabilidad. Y no podemos seguir incrementando las tarifas, porque quienes viajan en nuestros servicios son las clases pobres», declaró en radio Continental.
La semana pasada, el Consejo Directivo de la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT), que reúne a los líderes sindicales del sector cercanos al Gobierno, advirtió sobre “la existencia de una problemática cada vez mayor en las áreas del transporte aéreo, ferroviario, terrestre, marítimo y fluvial”.
“Las pequeñas y medianas empresas del transporte atraviesan hoy una crisis económica, que de continuar, las llevará indefectiblemente a la quiebra. Mientras que las empresas que dependen del Estado y de su financiamiento se encuentran con graves inconvenientes ante la falta de diálogo y de respuestas para los problemas que tienen los trabajadores”, indica un documento firmado por Roberto Fernández, Omar Maturano (La Fraternidad) y Pablo Biró (APLA).
Fuente: La Politica Online
