Si bien Pepe Perogrullo (más conocido como José Mujica), le aconsejó al ilegítimo Nicolás Maduro Moros: “No hay que dar por el pito lo que no vale el pito. Los problemas de fondo son los que hacen a la suerte de la gente» (menospreciando la importancia de la legitimidad en una democracia representativa), similar consejo no le podrá dar a Cristina Fernández de Kirchner cuando en Uruguay, el fiscal especializado en crimen organizado Juan Gómez se pronunció por dar curso a la investigación de la ruta del dinero K, que la semana pasada denunciaron en Montevideo 2 diputados argentinos.
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). La Justicia uruguaya investigará las presuntas maniobras de lavado de dinero a través de una organización integrada por empresarios argentinos allegados al extinto expresidente argentino Néstor Kirchner, explicó el diario El País, de Montevideo.
El 26/04, los diputados nacionales Graciela Ocaña y Manuel Garrido presentaron una denuncia en Montevideo ante la jueza especializada en crimen organizado Adriana de los Santos y el fiscal Juan Gómez, pidiendo que se investiguen los hechos que implican a Uruguay.
Los legisladores argentinos plantearon que los fondos supuestamente desviados a Uruguay son producto de corrupción y sobreprecios en la realización de obras públicas en el vecino país, principalmente en la provincia de Santa Cruz, de donde era oriundo Kirchner y de la cual fue gobernador.
Tras analizar la denuncia y la información aportada por Ocaña y Garrido, el fiscal Gómez se pronunció por dar curso a la investigación y ya solicitó a la jueza de los Santos las primeras medidas probatorias.
Por ahora -y sólo por ahora- la cabeza de ese grupo sería el empresario de Santa Cruz, Lázaro Báez.
La maniobra, de acuerdo con los datos y testimonios que dio a conocer el periodista Jorge Lanata en el programa Periodismo Para Todos, implicaba enviar a Uruguay millones de euros obtenidos por comisiones por concesión de obra pública para ‘blanquearlos’ a través de sociedades creadas en Panamá. Hay registro de una transferencia electrónica hacia una cuenta en Suiza.
Se habrían utilizado unas 50 sociedades anónimas entrelazadas que comparten directores y que además declaran domicilios en Buenos Aires, Montevideo y Panamá.
Parte del dinero habría ingresado ilegalmente a Uruguay a través de vuelos privados realizados por una avioneta propiedad de una de las empresas de Báez. Según se informó en la prensa argentina, la aeronave realizó al menos 6 vuelos entre 2011 y 2012 hacia Uruguay.
La denuncia de Ocaña y Garrido también alude a actuaciones de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) sobre negocios de Báez y un caso de defraudación tributaria del empresario en 2005.
El domingo 05/05, en el programa de Lanata, Miriam Quiroga, ex colaboradora de Néstor Kirchner, aseguró que Cristina Fernández de Kirchner, «estaba al tanto de todo».
En tanto, en Uruguay hay un objetivo concreto de investigación: la sociedad Traline S.A.
Nicolás Delgado escribió en el diario El Observador:
Traline es la sociedad anónima uruguaya que compró en marzo de 2011 el campo “El Entrevero”, ubicado sobre la ruta 10, entre La Barra y José Ignacio. La posibilidad de que el campo haya sido objeto de una maniobra de lavado de dinero quedo planteada luego que operadores financieros le dijeron el periodista Jorge Lanata que el terreno había sido adquirido con dinero de una presunta organización liderada por el empresario Lázaro Báez, indagado en Argentina por blanqueo de capitales. El escribano que participó de la transacción en representación de Traline fue Adolfo Pittaluga Shaw. El notario firmó el documento que testifica que la sociedad anónima es solvente, supo El Observador.
El apoderado de Traline SA, quien firmó la escritura, fue Maximiliano Acosta, socio de Leonardo Fariña -supuesto valijero de Báez hasta que se distanció del empresario- y testigo de su boda con la modelo Karina Jelinek.
La información que se maneja en Argentina es que fue precisamente por este negocio con “El Entrevero” que Fariña tuvo problemas con su empleador, luego de lo cual decidió revelar la trama al periodista Jorge Lanata, aunque luego se desdijo.
La ley antilavado uruguaya, aprobada en junio de 2009, establece que “todas las personas físicas o jurídicas sujetas al control del Banco Central del Uruguay estarán obligadas a informar las transacciones, realizadas o no, que en los usos y costumbres de la respectiva actividad resulten inusuales, se presenten sin justificación económica o legal evidente o se planteen con una complejidad inusitada o injustificada”. La ley agrega en su primer artículo que “también deben ser informadas las transacciones financieras que involucren activos sobre cuya procedencia existan sospechas de ilicitud, a efectos de prevenir el delito de lavado de activos”.
Esta información debe comunicarse a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central del Uruguay. La ley precisa que deberán informar sobre estas transacciones sospechosas “los casinos; las inmobiliarias y otros intermediarios en transacciones que involucren inmuebles; los escribanos, cuando lleven a cabo operaciones para su cliente”, como “la compraventa de bienes inmuebles”, entre otras. También deberán denunciar estas operaciones sospechosas “los rematadores; las personas físicas o jurídicas dedicadas a la compra y la venta de antigüedades, obras de arte y metales y piedras preciosos; los explotadores de zonas francas, con respecto a los usos y actividades que determine la reglamentación; las personas físicas o jurídicas que a nombre y por cuenta de terceros realicen transacciones o administren en forma habitual sociedades comerciales”.
Investiga el Banco Central
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central está investigando la operación, informó a El Observador Carlos Díaz, director de la Secretaría Antilavado de Activos. Díaz anunció el jueves 26 de abril en el programa En la mira de VTV que presentaría una denuncia ante la Justicia de Crimen Organizado por la compra venta de “El Entrevero”. Sin embargo, el funcionario decidió que antes de presentar la denuncia la llevaría ante la UIAF para agilizar la investigación. El director de Antilavado dijo a El Observador que en los próximos días la UIAF presentará la denuncia y la información en el Juzgado de Crimen Organizado.
Entre otras cosas, la Justicia deberá averiguar si, como lo afirmó Fariña, el titular del campo es ahora Pérez Gadín, contador que trabaja para Lázaro Báez.
Fariña denuncia que, por un inconveniente con su jefe la organización resolvió pasar a nombre de Daniel Pérez Gadín, administrador del hotel Alto Calafate de la familia Kirchner y contador de Báez, el campo en José Ignacio.
La investigación también deberá definir si el escribano Pittaluga actuó correctamente y se informó, como lo dispone la ley, para avalar la licitud del dinero que manejaba Traline y con el que se adquirió el campo.
Fuente: Urgente24
