Fue tras un debate en las comisiones de Presupuesto, Finanzas y Legislación General. Aunque la oposición insistió en que el proyecto permitirá blanquear activos provenientes de ilícitos, el Frente para la Victoria buscará sancionar la ley este miércoles.
Cuatro horas le bastaron al oficialismo para despachar favorablemente el proyecto que habilita el blanqueo de dólares no declarados a cambio de tres bonos que buscan reactivar el mercado inmobiliario, la construcción, y financiar proyectos de YPF.
Sin la presencia de funcionarios del área económica, el proyecto del Poder Ejecutivo fue avalado en una reunión de las comisiones de Presupuesto, Finanzas y Legislación General, y será convertido en ley este miércoles en el marco de una sesión especial.
La iniciativa crea el Bono Argentino de Ahorro para el Desarrollo Económico (BAADE) y el Pagaré de Ahorro para el Desarrollo Económico para financiar proyectos energéticos, y el Certificado de Depósito para Inversión (CEDIN) para la compra de inmuebles o el financiamiento de la construcción.
El plenario arrancó con la encendida argumentación de Roberto Feletti (FpV) sobre la ausencia del equipo económico, y continuó con algunos momentos de tensión y pases de factura entre oficialismo y oposición.
El oficialista indicó que la iniciativa busca “no depreciar los activos argentinos por vía de una devaluación, porque eso produciría el ingreso de capitales para comprar activos depreciados”. “La tenacidad del Gobierno en defender el tipo de cambio tiene que ver con impedir los ciclos de deterioro de los activos argentinos en el país y su compra barata por activos en el exterior”, subrayó.
“¿Cómo aspiran a financiar el funcionamiento de la economía si llegan a ser gobierno?”, abrió el juego Feletti. “Con una buena política económica, no con dinero negro”, le respondió el peronista opositor Eduardo Amadeo. “Estamos en contra de financiar el sistema productivo con dinero proveniente de la economía del delito”, coincidió la socialista Alicia Ciciliani.
Fue Amadeo quien marcó el tenor del debate. “Esta ley es una invitación a los narcos a radicarse en la Argentina. El lavado ha permitido a 32 mil personas físicas y 3.800 jurídicas blanquear sus divisas en 2009. Como resultado, ingresaron US$ 4.000 millones al país, al costo de la desaparición de 4.000 causas penales”, alertó. Las réplicas del kirchnerismo no se hicieron esperar: “¡Vos te robaste el Banco Provincia!”, le espetaron.
El radical Miguel Giubergia insistió en que “a partir del 10 de diciembre, cuando seamos mayoría, vamos a derogar esta norma”. Luis Ciogogna (FpV) recogió el guante y aclaró que “no van a poder retrotraer los efectos al pasado, todo lo que ocurra tras esta ley es irreversible”.
Felipe Solá (Unión Peronista) sostuvo que con el proyecto “se pierde la batalla cultural por la pesificación” y que “con el CEDIN se crea un mercado paralelo que va a tener un efecto similar” al del dólar blue. El cívico Alfonso Prat-Gay se quejó de que el blanqueo “no cumple con las normas del GAFI” y, por otra parte, sentenció: “Récord de presión tributaria para los que pagan, récord de presión fiscal para los que no pagan”.
Fernando Yarade y Javier Tineo encabezaron la defensa del proyecto oficial. El primero remarcó el objetivo de “canalizar el ahorro al mercado productivo” y explicó que se trata de “una decisión que va a tener un impacto redistributivo”. “Necesitamos que esos dólares que están guardados aparezcan en el circuito virtuoso de la inversión y que estén bajo control”, añadió el segundo.
Por el FAP, Claudio Lozano consideró que “como este proyecto de blanqueo no va a tener efectos económicos significativos y como los sectores medios que puedan haber atesorado no lo van a tomar, es obvio que el universo objetivo es resolver situaciones de ilegalidad de dinero mal habido y asociado a la cúpula del poder político gubernamental”.
“La plata que está en las bóvedas, en las cajas, en las bolsas de consorcio ¿va a ir cualquier otra persona en su lugar, que no sea pariente, y simplemente con una declaración jurada, el único control que va a tener es el de la UIF de (José) Sbatella? ¿Esa plata va a entrar al mercado y va ser limpiada, va a poder adquirir esos dos títulos?”, cuestionó Julio Martínez (UCR).
Al cierre del debate, Patricia Bullrich (Unión por Todos) opinó que el texto “es contradictorio con el objetivo de pesificar la economía” y observó que “está claro que los que están investigados por lavado de dinero van a utilizar a otros” para exteriorizar sus divisas.
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