Una orden judicial secreta obligó a la operadora telefónica Verizón a enviarle al gobierno de EE UU los datos de las conversaciones de sus clientes. El ejecutivo explicó que así busca descubrir los contactos de los presuntos terroristas.
Por: INFOnews
La Casa Blanca se vio forzada ayer a asumir la difícil defensa de lo que llamó el «derecho» del Estado a intervenir los teléfonos de todos los ciudadanos, con el pretexto de que se trata de «una herramienta crítica en el combate contra el terrorismo». En declaraciones a la cadena televisiva CNN, un alto funcionario del gobierno de Barack Obama reaccionó ante una información publicada por el diario británico The Guardian, según la cual, en virtud de una orden judicial secreta, la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) recoge diariamente el registro de las llamadas que realizan los millones de abonados de la operadora telefónica Verizon.
El funcionario, que exigió el anonimato, no confirmó expresamente la existencia de esa orden judicial, pero señaló, sin aportar referencia alguna, que «información como la que describe el artículo de The Guardian ha sido una herramienta básica a la hora de proteger a la Nación de las amenazas terroristas». Esa práctica «permite al personal especializado descubrir si terroristas conocidos o sospechosos de serlo se han puesto en contacto con otras personas que podrían estar implicadas en actividades terroristas, particularmente aquellas radicadas en Estados Unidos», agregó.
En su afán de minimizar la gravedad de la sistematización del espionaje, la fuente aseguró que las prácticas de la NSA «no incluyen la recopilación del contenido de ninguna comunicación ni el nombre del abonado al que se interfirió, está relacionado exclusivamente con metadatos, tales como el número de un teléfono o la duración de una llamada». Sin entrar en detalles éticos, el funcionario insistió en que la recopilación de información sensible está permitida por la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA) de 1978, por la que se creó la Corte FISA que, según The Guardian, fue la que el 25 de abril pasado dictó la orden judicial secreta en el caso de Verizon.
«Las actividades (las que se desarrollan al amparo de esa ley) están sujetas a estrictos controles y procedimientos bajo la supervisión del Departamento de Justicia, la Oficina del Director Nacional de Inteligencia y la Corte FISA, para asegurarse que no se violen los principios establecidos en la Constitución y en las leyes de Estados Unidos para proteger apropiadamente la privacidad y las libertades civiles», concluyó la fuente.
El artículo del The Guardian señaló que los registros se produjeron sin tener en cuenta si los autores de las llamadas habían cometido algún delito, algo que aparentemente escapa a lo establecido en la ley FISA, que en principio se limita a los «sospechosos» de ser terroristas o agentes de otro país. El senador demócrata Mark Udall, que pertenece al comité de Inteligencia de la Cámara Alta, señaló en un comunicado que «este tipo de vigilancia a gran escala debe preocuparnos, ningún estadounidense discrepará con nosotros en que esta es una cosa decididamente escandalosa».
Fuente: Infonews
