En medio de denuncias de presiones por parte de militantes de La Cámpora al juez de la Corte, Juan Carlos Maqueda, la agrupación respondió con ironía desde su web al fallo del máximo tribunal que cerró todo resquicio para que la Rosada insista con la reforma del Consejo de la Magistratura. La incontinencia verbal es, sin embargo, un hecho (y una orden).
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) La agrupación La Cámpora colgó ayer en su web un texto que trata con ironía la sentencia de la Corte, que declaró inconstitucional la reforma del Consejo de la Magistratura.
La Cámpora, la agrupación fundada por Máximo Kirchner y encabezada por el diputado Andrés Larroque, «Cuervo», se explayó allí en la crítica. Con un texto titulado «No es lo mismo» , apuntaron contra la «corporación»:
«Un día como hoy la Corte Suprema de Justicia votó la inconstitucionalidad de la reforma al Consejo de la Magistratura. Fundó su capacidad para revisar la ley votada por el Congreso de la Nación enumerando varios casos en los que la justicia ejerció su poder de «control de constitucionalidad», aquella famosa creación jurisprudencial resultante del caso archi ultra mega conocido Madbury v. Madison».
Enumeró:
– Inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final que impedían juzgar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar («Simón», Fallos: 328:2056).
– Inconstitucionalidad de la ley de Matrimonio Civil que, al impedir a las personas divorciadas volver a casarse, limitaba la autonomía individual («Sejean», Fallos: 308:2268);
– Inconstitucionalidad de las normas del Código Procesal Penal de la Nación en cuanto desconocían las facultades acusatorias y la autonomía funcional del Ministerio Público Fiscal («Quiroga», Fallos: 327:5863);
– Inconstitucionalidad de la ley penal que, al castigar la tenencia de estupefacientes para consumo personal, no respetaba la autonomía personal («Bazterrica» y «Arriola», Fallos: 308:1392 y 332:1963);
– Inconstitucionalidad de la ley que, al permitir sin fundamento suficiente la interceptación de comunicaciones personales y la acumulación de datos personales, avasallaba el derecho a la intimidad («Halabi», Fallos: 332:111);
– Inconstitucionalidad de la ley de Contrato de Trabajo que desconocía el derecho del trabajador a la protección integral en la medida que fijaba un tope a la indemnización por despido («Vizzoti», Fallos: 327:3677) y negaba naturaleza salarial a los vales alimentarios («Pérez», Fallos: 332:2043);
– Inconstitucionalidad de la ley de Riesgos del Trabajo que impedía al trabajador que había sufrido un accidente laboral acceder a una plena reparación («Aquino», Fallos: 327: 3753) en forma inmediata y no sujeta a un sistema de renta periódica («Milone», Fallos: 327: 4607);
– Inconstitucionalidad de la ley de Asociaciones Sindicales en cuanto confería tutela gremial sólo a representantes o autoridades de sindicatos que contaran con personería gremial («Rossi», Fallos: 332: 2715) y dispensaba privilegios a ciertos sindicatos en detrimento de los simplemente inscriptos («Asociación de Trabajadores del Estado», Fallos 331: 2499).
– Inconstitucionalidad de la ley previsional que frustraba el acceso a la justicia de los jubilados al prolongar innecesariamente el reconocimiento judicial de sus derechos de naturaleza alimentaria («Itzcovich», Fallos 328:566) y desvirtuaba el mandato de movilidad jubilatoria del artículo 14 bis de la Constitución Nacional («Badaro», Fallos: 330:4866).
Note el lector que en todos los casos se declaró la inconstitucionalidad de leyes que restringían los derechos de los argentinos. Note el lector que ahora en el próximo fallo de control de constitucionalidad van a tener otro precedente re copado para enumerar, a saber:
– Inconstitucionalidad de la Ley de Reforma del Consejo de la Magistratura, que impedía que los jueces se elijan a sí mismos, que los abogados se elijan a sí mismos, para luego elegirse entre ellos para ser jueces, y habilitaba a los argentinos a elegir ellos a los que iban a elegir a sus jueces, una barbaridad total .
Saludos chicos de almas puras y espíritus críticos, todo bien, ta’ todo tranqui, no pasa nada, un par de corporacioncitas en contra, no es nada del otro mundo, mejor sigan apuntando con el dedo para adentro o para el costado, siempre es bueno, hace falta, olvidense, es una reaccioncita nomás, tienen un poquito de poder, eso es todo, todo piola, ta todo bien, de postalina.»
# A la par de la ironía…
Según trascendió de fuentes judiciales, habrían intervenido militantes de La Cámpora en la amenazas de las que fue víctima el juez de la Corte Juan Carlos Maqueda el lunes último cuando llegaba a su domicilio, que comentó el propio juez a sus colegas, ayer, en la reunión que tuvo el máximo tribunal.
El ministro de Justicia, Julio Alak, y el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, dijeron que harán una denuncia penal y calificaron el hecho de «gravísimo».
Un día después de las amenazas, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales los artículos centrales de la ley de reforma del Consejo de la Magistratura.
La derrota causó rechazo y malestar en el oficialismo, ya que la sentencia de la Corte cerró todo resquicio para que la Casa Rosada insista en mantener en pie la reforma del órgano que selecciona y remueve jueces.
«Estamos dispuestos a seguir dando la batalla», dijo el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina. Lo mismo repitió el ministro de Justicia, Julio Alak: «Vamos a mantener en alto del debate».
También había anticipado Alak que el Gobierno, a través de su cartera, realizará hoy una denuncia para que se investiguen las agresiones sufridas por Maqueda.
El anuncio fue realizado por el secretario de Comunicación Pública, Alfredo Scoccimarro, que leyó un breve comunicado.
«Frente a la necesidad de conocer la verdad de lo ocurrido, por instrucción del jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos presentará la denuncia correspondiente a fin de que se investiguen en profundidad los hechos mencionados», señaló Scoccimarro al leer la comunicación.
El funcionario señaló que «de corroborarse, se configuraría una situación de extrema gravedad por encontrarse comprometida la función de un miembro del máximo tribunal de justicia de nuestro país».
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