El organismo anunció un giro en su postura y se abstendrá de respaldar al país en la disputa que mantiene con los fondos buitre en Estados Unidos. La misma decisión había tomado el gobierno estadounidense. Duro revés para la estrategia judicial del Gobierno.
En un inesperado golpe de timón, el Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció anoche que se abstendrá finalmente de respaldar a la Argentina en su disputa judicial en tribunales de Estados Unidos con los fondos «buitre» que rechazaron los canjes de deuda de 2005 y 2010.
La directora gerente del FMI, la francesa Christine Lagarde, decidió no emitir una recomendación a la Junta Ejecutiva de ese organismo para presentarse ante la Justicia federal estadounidense como «amicus curiae», respaldando la postura del Estado argentino, «en esta etapa» de la contienda.
«La directora gerente del FMI ha retirado su recomendación de que la Junta Ejecutiva del FMI envíe un ´amicus curiae´ en el caso de Argentina, siguiendo la decisión de las autoridades de Estados Unidos de no apoyar la presentación en esta etapa», informó el vocero del organismo en un comunicado de prensa, al término de una reunión informal del directorio.
Según indicaron agencias internacionales, un funcionario del organismo explicó que «habría sido inapropiado presentar un escrito a nombre de Argentina en una corte de Estados Unidos sin el respaldo del gobierno» de Obama, debido a que «podría interponer al FMI en una disputa entre dos de sus miembros y violar su neutralidad como organización internacional».
La decisión de Lagarde cayó como un baldazo de agua helada en la Argentina, donde se esperaba que el FMI adoptara una postura diametralmente opuesta después de que la propia funcionaria advirtiera sobre las «consecuencias negativas» para el sistema financiero internacional un fallo que favorezca, eventualmente, a los fondos «buitre» en Estados Unidos.
La francesa se manifestó incluso al respecto días atrás en la cumbre del Grupo de los 20 en Moscú, después de que el FMI se manifestara preocupado por las repercusiones que pudiera llegar a tener una sentencia en favor de bonistas que rechazaron los canjes de 2005 y 2010 para otros países que buscan reestructurar su deuda y superar crisis financieras.
El propio gobierno de Estados Unidos, en documentos presentados anteriormente a tribunales menores, había concordado con esa postura, aunque luego la Casa Blanca anunció, el viernes pasado, que no presentaría escritos para solicitar a la Corte Suprema de justicia de ese país que revise el caso.
Ambas posturas, la que adoptó la administración que lidera Barack Obama y la anunciada el martes por el organismo multilateral con sede en Washington, supone un duro revés para la estrategia de Argentina, que pretende evitar el pago completo del dinero -miles de millones de dólares- que reclaman los fondos «buitre» en Estados Unidos.
Justamente el pasado 18 de julio se conoció que una de las cartas más fuertes con las que esperaba contar el gobierno nacional en el litigio contra los bonistas no reestructurados empezaba a desvanecerse, al confirmarse la Casa Blanca no
intercederá en favor del país.
Los holdouts, que ya obtuvieron en las instancias iniciales de la contienda judicial fallos favorables de parte del juez de Manhattan Thomas Griesa, aunque luego Argentina apeló, pretenden cobrar más de 1.350 millones de dólares de parte del Estado nacional por el default de 2001. El gobierno de Cristina Kirchner, por su parte, le hizo saber a la Justicia estadounidense que no podría cumplir un fallo que obligue al país a abonarle el 100 por ciento a los fondos «buitre», que están liderados por el mismo grupo especulativo que logró que la Fragata Libertad fuera retenida durante 77 días a partir del 2 de octubre del año pasado en Ghana.
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