Una ley en Chile, conocida como Ley Monsanto, obligará a pagar royalties por el uso de semillas transgénicas y, según los activistas, amenaza la soberanía alimenticia de Chile. Claudia Pailef, consejera nacional indígena en la región de Los Lagos hizo un llamamiento a la ciudadanía, en especial a las comunidades campesinas e indígenas de la zona, para que evalúen la actuación de los parlamentarios, y expresen su determinación a través del voto.
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) – La Ley de Obtentores de Vegetales, conocida como la Ley Monsanto, que obliga a pagar por el uso de semillas transgénicas, amenaza la soberanía alimenticia de Chile, según Claudia Pailef, consejera nacional indígena en la región de Los Lagos.
Pailef hizo un llamamiento a la ciudadanía, en especial a las comunidades campesinas e indígenas de la zona, para que evalúen la actuación de los parlamentarios, y expresen su determinación a través del voto.
La medida legislativa fue presentada por la presidenta Michelle Bachelet y fue acelerada por la administración de Sebastián Piñera.
La Ley Monsanto, que establece pagos por la propiedad intelectual de las semillas transgénicas, deja sin protección, según los activistas, a los pequeños agricultores, ya que las semillas patentadas por grandes transnacionales y corporaciones privadas estarán gravadas con un precio en el que ellos no tendrán influencia.
Para este 17 de agosto la plataforma Yo No Quiero Transgénicos ha convocado una marchas de protesta en diferentes ciudades del país para manifestarse contra la ley.
Mientras tanto, los legisladores aseguran que existe información confusa al respecto, sobre todo en lo relativo a la semilla nativa. Así, Haroldo Salvo-Garrido, director del Centro de Genómica Nutricional Agroacuícola (CGNA) sostiene que la ley no contempla la utilización de la transgenia, sino que establece un marco de protección en torno a los derechos intelectuales sobre la creación y producción de variedades nuevas.
El primer proyecto de ley sobre introducción de los transgénicos en Chile (de 2006), en que intervino Andrés Allamand (señalado como el principal operador de la multinacional en el gobierno chileno), era similar al impulsado por Monsanto en México. La injerencia de la transnacional en ese proyecto fue ampliamente denunciada por varios sectores de la sociedad, que entonces lo denominaron “Proyecto de Ley Monsanto”.
El gobierno de Sebastián Piñera intentó en 2010 agilizar este proyecto, cuya tramitación estuvo detenida en tiempos de la presidenta Bachelet. Piñera envió al Senado indicaciones sustitutivas de la mayor parte del articulado para asegurar lo central: la introducción de los transgénicos para el mercado interno. El gobierno actual optó porque aspectos relacionados con la bioseguridad y otras aristas fueran abordados después de la aprobación de la ley, en reglamentos en los cuales no hay discusión pública posible.
En una reunión, sostenida en abril de 2010 en el Ministerio de Agricultura por organizaciones ambientalistas y sociales para discutir el tema de los transgénicos, los asesores del entonces ministro de Agricultura José Antonio Galilea, Santiago Izquierdo y Fernando Astaburuaga, afirmaron textualmente:
“Allamand y Espina nos dijeron que la orden es que este proyecto debía estar aprobado en junio o julio de 2010. Tiene que hacerse rápidamente”. Las órdenes provenían probablemente de Missouri, USA, donde está la sede de la poderosa Monsanto.
En una entrevista a Jorge Schaulsohn, publicada en revista Caras, sobre la complicada situación de este lobbysta empresarial (y ex diputado PPD) se informaba que Allamand y Schaulsohn habían sido socios en una oficina de abogados en USA. Schaulsohn entregó en la entrevista su respaldo a la aventura presidencial del RN. Es vuelta de mano: Allamand respaldó a Schaulsohn y Flores en la fundación del partido Chile Primero, que tras abandonar la Concertación se plegó a la Alianza. El abogado estuvo íntimamente relacionado con las corporaciones agroquímicas, de la biotecnología, la minería y el comercio. Por ejemplo, hizo lobby ante el SAG contra la prohibición inmediata del venenoso herbicida paraquat producido por Syngenta.
La medida había sido solicitada por RAP-Chile por los evidentes daños a la salud y el ambiente causados por la sustancia química.
La privatización total no se ha consumado porque el gobierno de Piñera no ha podido promulgar esta ley aprobada por el Senado.
Ello no ha sido posible porque no se ha derogado la antigua Ley de Semillas, cuestión incluida en el proyecto de Ley de Obtentores que no ha sido aún discutido en el Senado porque el Gobierno no le ha puesto urgencia.
Para que se promulgue un convenio internacional, éste tiene que estar de acuerdo con la legislación interna y no es el caso, pues la actual Ley de Semillas es contradictoria con varios aspectos del convenio UPOV 91. En Chile aún rige también el convenio UPOV del año 1978, que no permite a Monsanto querellarse y que tampoco prohíbe el intercambio de semillas. Pero, lejos de estar ganada esta poco difundida batalla, ante un gigante como Monsanto, que ha liquidado a miles de campesinos en el mundo; sólo la acción persistente ciudadana podrá impedir lo que será nefasto para nuestras futuras generaciones.
Urgente24
