Lo reveló un estudio de la universidad del estado de la ciudad brasileña. Los parapoliciales, en su mayoría policías corruptos en actividad y también retirados, tienen el poder en 454 barrios y los narcotraficantes en 370.
Nota de Tiempo Argentino
A pocos meses de que se desarrolle uno de los eventos internacionales más importantes de los últimos años para Brasil, la mayor parte de las favelas de una de las sedes del Mundial de Fútbol 2014 permanece gobernada por grupos parapoliciales y violentos narcotraficantes. Según un estudio de la Universidad Estadual de Río de Janeiro (UERJ), las milicias brasileñas –integradas principalmente por policías corruptos activos y retirados– tienen bajo su control el 45% de las barriadas existentes en territorio carioca.
Los comandos narco, por su parte, dominan el 37% de esas comunidades, mientras que la policía sólo tiene en su poder el 18 por ciento. Sobre la base de esos datos, el informe elaborado por el Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la UERJ sostiene que, entre 2005 y 2010, las milicias triplicaron las áreas que gobiernan: son 454 favelas sobre un total de 1001. Allí, estas organizaciones criminales controlan negocios como la distribución de señal pirata de TV por cable, la venta de garrafas de gas y el transporte urbano.
Las milicias disputan las barriadas palmo a palmo tanto con las fuerzas de seguridad como con los comandos narco, que actualmente controlan un total de 370 favelas. A diferencia del crimen organizado, estos grupos parapoliciales tienen estrechos vínculos con distintas esferas del Estado. «Las milicias son peores que el narcotráfico. Porque ellas tienen connivencia con el poder público, con miembros del Parlamento, con policías retirados y policías en actividad. Por lo tanto, tienen connivencia estatal.
Las milicias son una evolución, más estructurada y poderosa, de los llamados grupos de exterminio que surgieron en los años ’70 y que, valiéndose de la extorsión, la tortura y el asesinato, exigen ser pagados para garantizar la seguridad en los barrios bajo su dominio», explicó a Tiempo Argentino el especialista y fundador de la ONG Río de Paz, Antonio Costa, en una entrevista en agosto pasado. Para el diputado socialista Marcelo Freixo, especialista en estos temas, «hay una grave falla del poder público en lo que respecta al enfrentamiento con las milicias».
El crecimiento de estos grupos ocurrió justo en el mismo momento en que los narcotraficantes comenzaron a perder influencia en las comunidades de Río. En muchos casos, los comandos narco debieron huir de las barriadas por el llamado «programa de pacificación» implementado por el gobierno estadual, que prevé la instalación de puestos policiales permanentes –conocidos como Unidades de Policía Pacificadora (UPP)– para derribar al crimen organizado en territorio carioca, donde se disputarán el Mundial de Fútbol en julio del año que viene y los Juegos Olímpicos en 2016.
Pero la disminución de la presencia narco no trajo como consecuencia una caída en el comercio de drogas. Según el informe de la UERJ, titulado «Salud urbana – Homicidios en las favelas de Río de Janeiro», en sólo seis de las 174 barriadas que fueron sometidas al proceso de pacificación se logró eliminar por completo el tráfico de estupefacientes.
El fracaso de una política
El fracaso de la política de seguridad implementada por el gobernador de Río de Janeiro, Sergio Cabral, quedó a la vista el 14 de julio de este año. Ese día, un albañil, llamado Amarildo de Souza, fue secuestrado y desaparecido en la mítica favela Rocinha, que desde hace tiempo está controlada por una Unidad de Policía Pacificado (UPP) perteneciente al gobierno estadual, y que logró desterrar al famoso grupo narcotráficante conocido como Comando Vermelho.
Pocas semanas después, diez efectivos de la policía del estado carioca fueron detenidos y acusados por torturar y hacer desaparecer a Amarildo, cuyo paradero es todavía desconocido. Según la investigación, el obrero brasileño fue sometido a descargas eléctricas y asfixiado con una bolsa plástica en la propia comisaría de la favela.
Los agentes señalados en la denuncia habrían torturado a Amarildo con el objetivo de obtener información sobre la localización de armas pertenecientes a los grupos de narcotraficantes de la favela. El informe añade que, a raíz de la epilepsia que sufría, el albañil no resistió la sesión de tortura y murió.
