La semana pasada, la presidente Cristina Fernández propuso la reelección de José Sbatella en la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo encargado de la lucha contra el lavado de dinero. Sobre Sbatella pesan unas 5 denuncias por ‘cajonear’ investigaciones de personajes cercanos al kirchnerismo y la oposición anunció sus impugnaciones a la candidatura del funcionario. Para contrarrestarlas, el titular de la UIF pidió el apoyo de sus pares de la región a través de una carta pero al mismo tiempo, aquí, defendió al empresario K, Lázaro Báez, y los fondos que recibió por parte del Gobierno nacional para la realización de obras públicas. “No hay posibilidad de que la Justicia avance”, auguró sobre las investigaciones, y ratificó “no se puede hacer nada».
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24).- José Sbatella comenzó la ‘campaña’ para lograr su reelección en la Unidad de Información Financiera (UIF), puesto que ocupa actualmente y en el cual Cristina Fernández quiere que siga, por eso lo volvió a proponer la semana pasada abriendo así el período de “observaciones” y evaluación de las mismas. La decisión presidencial coincidió con los allanamientos a la sede de la UIF que ordenó el juez Bonadio, días antes de la postulación. El magistrado buscó documentación que podría ayudarlo a determinar si el titular de ese organismo incumplió los objetivos básicos de su función para encubrir movimientos bancarios irregulares de Lázaro Báez.
Pero además del caso Báez, según recuerda el periodista Hugo Alconada Mon -que ha seguido las causas judiciales contra Sbatella- en La Nación, hay por lo menos otras cuatro investigaciones penales contra el actual titular de la UIF y sus principales colaboradores por la presunta comisión de múltiples delitos e irregularidades que apuntan a que ese organismo ‘cajoneó’ reportes.
Para contrarrestar las impugnaciones y las causas en su contra, Sbatella salió a buscar apoyos en el exterior del país. Pero también defendió su accionar en el caso Báez.
En lo referente a la búsqueda de apoyos, José Sbattella envió una carta a sus pares de la región que pretende que éstos firmen.
«Sería un gran honor para mí recibir su aval para la inminente renovación propuesta», planteó Sbattella a los receptores de su mail, según revela este lunes (20/01) el diario La Nación.
Con su solicitud de apoyo internacional (y otras similares que ya empezaron a circular en el país entre entidades afines al Gobierno), Sbattella aspira a contrarrestar la ola de impugnaciones que ya se anunciaron en contra de su nominación.
Ya anticiparon su rechazo a que Sbattella continúe al frente de la unidad que investiga el lavado de dinero el Frente Renovador, que lidera Sergio Massa, la Coalición Cívica de Elisa Carrió, el radicalismo, a través del senador Ernesto Sanz, y Pro, de Mauricio Macri, entre otras agrupaciones políticas opositoras y organizaciones no gubernamentales.
«Dado su reconocido expertise en la materia y las experiencias compartidas en el ámbito de los organismos internacionales especializados durante estos últimos cuatro años, a los fines de garantizar la continuidad de la labor emprendida y ratificar el firme compromiso», explicó Sbattella, «sería un gran honor para mí recibir su aval para la inminente renovación propuesta».
El correo circuló entre los titulares de las unidades antilavado de la región que integran el llamado Gafisud, es decir, el foro intergubernamental de América latina para la lucha contra el lavado y la financiación del terrorismo, precisó La Nación.
Pero Sbatella también envía señales al kirchnerismo, y en una entrevista defendió su accionar con respecto al empresario Lázaro Báez.
«Fue todo ridículo. Se presentaron testigos que después se desdijeron en la Justicia. No hay posibilidad de que la Justicia avance seriamente en esto», dijo el titular de la UIF en una entrevista al diario Perfil, a la vez que negó haber encontrado pruebas suficientes para darles curso a las sospechas sobre las operaciones que hicieron Lázaro Báez, Federico Elaskar y Leonardo Fariña.
«(La UIF) no lo reporta porque los documentos avalan las transacciones de dinero con la financiera SGI. Lo avalan porque esos fondos provienen de actividades de la construcción y están los certificados de obra que emite el Estado como prueba», afirmó Sbatella, al tiempo que destacó que si no hay registros de «que la obra no se hizo, o que la licitación haya sido mal adjudicada, no se puede hacer nada».
«No hay pruebas de que se haya cometido un ilícito. Esas obras fueron pagadas por el Estado y nadie cuestionó que fueran ilícitas. Esta no es una denuncia por lavado, nosotros no podemos actuar sobre cualquier delito», añadió en otro tramo.
A continuación, la entrevista a Sbatella en Perfil:
—Usted fue acusado de retener información sobre Lázaro Báez, Leonardo Fariña y Sergio Schoklender.
—Vamos por partes. En el caso de Schoklender hubo un proceso judicial que terminó con mi sobreseimiento definitivo, porque nadie apeló. Los medios hablan por hablar. Dijeron que se habían retenido expedientes cuando en realidad la investigación de la UIF fue la que posibilitó el procesamiento de Schoklender. Nadie pudo probar que hubo demora en la entrega de expedientes a la Justicia.
—¿Y en el caso de Lázaro Báez qué ocurrió?
—La UIF investigó ese caso desde antes de que yo asumiera la conducción. Y no lo reporta porque los documentos avalan las transacciones de dinero con la financiera SGI. Lo avalan porque esos fondos provienen de actividades de la construcción y están los certificados de obra que emite el Estado como prueba. Con la legislación anterior (N. de la R.: la que regía cuando se comenzó la investigación) para poder llevar una denuncia al Ministerio Público lo que había que probar es la actividad ilícita que estaba detrás de los fondos. Si no se prueba que la obra no se hizo, o que la licitación haya sido mal adjudicada, no se puede hacer nada. Los certificados de obra en este caso probaban el origen de los fondos. Cuando aparece la denuncia a partir de la operación de (Jorge) Lanata (sic), el juez de la causa pide a la UIF si tiene antecedentes de los hechos, y ahí se lo entregamos al juez. Pero repito, para probarse el delito de lavado tiene que probarse que el dinero era mal habido, y eso lo tiene que probar la Justicia, no la UIF.
—¿Entonces no hubo nada ilegal entre Lázaro Báez y la financiera SGI?
—No hay pruebas de que se haya cometido un ilícito. Esas obras fueron pagadas por el Estado y nadie cuestionó que fueron ilícitas. Esta no es una denuncia por lavado, nosotros no podemos actuar sobre cualquier delito.
—¿Qué opina de que Lázaro haya pagado millones en alquilar habitaciones de los hoteles de los Kirchner para no usarlas?
—Esa causa está judicializada. No podemos entrar a la causa si el juez no pide colaboración.
—¿Tenían información sobre movimientos sospechosos?
—No teníamos nada en principio, porque ésa es información que surge de la contabilidad de la empresa, que debe estar en la Anses o en la AFIP.
—¿Por qué dice que hubo una operación de Lanata?
—Porque fue todo ridículo. Se presentaron testigos que después se desdijeron en la Justicia. No hay posibilidad de que la Justicia avance seriamente en esto.
—¿Usted echó cuadros técnicos y puso gente de La Cámpora en la UIF?
—Eso es otra mentira. Se fueron dos o tres personas por diferentes razones. Esta acusación fue una operación de prensa que hizo La Nación desconociendo el funcionamiento de la UIF.
—¿Por qué el juez Claudio Bonadio allanó la UIF?
—Fue desmentido por el propio juez. Se trató de un requerimiento y nosotros entregamos toda la documentación.
Fuente: www.urgente24.com
