La presión sindical venció al Frente Amplio, cuyos diputados decidieron, en forma mayoritaria en la noche del lunes 17/03, votar en el Senado el proyecto de responsabilidad penal empresarial, pese al planteo del vicepresidente Danilo Astori (también del Frente Amplio, y con seguidores dentro de la Cámara baja), de introducir modificaciones. Gran malestar empresario.
El precandidato oficialista Tabaré Vázquez hizo llegar antes de la reunión de la bancada un mensaje, por el cual se ofrecía impulsar un proyecto de responsabilidad penal en el primer año de un eventual tercer gobierno del FA si no se lograba un consenso o si se aprobaba un proyecto de ley con cambios que debía ser corregido por dificultades en su aplicación. El ofrecimiento se hizo al equipo de presidencia del FA, y fue informado por la presidenta de la coalición de izquierda a la bancada. El planteo de Vázquez también llegó al secretario general del Sunca, Óscar Andrade, durante una reunión que mantuvo con Xavier en el Senado. Fue en vano.
El peso del MPP y del Partido Comunista (PCU) se impuso otra vez en la bancada de Senadores del Frente Amplio (FA) para forzar la votación de la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial tal como fue aprobada en Diputados, pese a los intentos del Frente Líber Seregni (FLS) y las gestiones del precandidato a la presidencia por la izquierda, Tabaré Vázquez, para introducir modificaciones en el texto.
El mujiquismo y los comunistas, aliados del sindicato de la Construcción (Sunca) en el tema, quebraron la voluntad de Vázquez, quien movió sus úiltimas fichas.
En la mañana del lunes 17/03 él estuvo reunido con la presidenta del FA, Mónica Xavier, para pedirle que la fuerza política analice el texto en busca de asegurar su constitucionalidad.
Incluso, sobre las 19.30 horas y en medio de la bancada del FA, Xavier salió de la reunión y tuvo un mano a mano de 20 minutos con el líder del Sunca y dirigente comunista, Oscar Andrade, en una sala anexa al ambulatorio del Senado. Luego, la presidenta del FA volvió con los legisladores. El encuentro se extendió hasta las 21.30 horas.
Tal como pretendía el Sunca, el proyecto será incluido como grave y urgente en el orden del día de la sesión de hoy del Senado. El coordinador de la bancada del FA, Enrique Rubio, aseguró que todos los legisladores aprobaran el proyecto, aunque dijo que cada uno expresará en sala “sus convicciones”.
Así, el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) logró su objetivo de que el Frente Amplio vote en el Senado, sin cambios, la iniciativa aprobada por Diputados, que establece una pena de 3 a 24 meses de prisión para el empleador que no adoptare medidas de seguridad laboral poniendo así «en peligro grave y concreto la vida o la integridad física del trabajador».
La bancada de senadores del Frente Amplio cedió así ante las presiones del Sunca y acordó tratar el proyecto aprobado en Diputados en la sesión de hoy. El gremio de la construcción anunció para hoy un paro de 24 horas con concentración frente al Palacio Legislativo. A esta movilización se sumó el sindicato de los metalúrgicos. Ambos sindicatos están en manos del Partido Comunista del Uruguay (PCU).
La decisión de votar hoy (martes 18/03) el proyecto sin cambios se tomó pese a la negativa de seis senadores del Frente Líber Seregni y del coordinador de bancada de la coalición de izquierda, Enrique Rubio (Vertiente Artiguista); y con los nueve votos a favor del Movimiento de Participación Popular (MPP), el Partido Socialista, el PCU y la Corriente de Acción y Pensamiento Libertad (CAP-L).
El astorismo pretendía que se incluyera como aditivo «la omisión deliberada» como condición previa al procesamiento; dicha propuesta había sido efectuada por Rubio.
Además, el bloque liderado por el vicepresidente Danilo Astori alertó sobre los riesgos de una inconstitucionalidad del proyecto aprobado el año pasado en la Cámara Baja.
El senador Rodolfo Nin Novoa (FLS, Alianza Progresista) amenazó incluso con no votar la iniciativa, pero ayer los astoristas aseguraron el voto, informó Rubio al finalizar el encuentro. Hoy, en sala, los senadores del FLS marcarán sus diferencias con el proyecto al que acompañarán para respetar la decisión mayoritaria dentro de la coalición.
El precandidato oficialista Tabaré Vázquez hizo llegar antes de la reunión de la bancada un mensaje, por el cual se ofrecía impulsar un proyecto de responsabilidad penal en el primer año de un eventual 3er. gobierno del FA si no se lograba un consenso o si se aprobaba un proyecto de ley con cambios que debía ser corregido por dificultades en su aplicación.
El ofrecimiento se hizo al equipo de presidencia del FA en la mañana del lunes 17/03 y fue informado por la presidenta de la coalición de izquierda a la bancada. El planteo de Vázquez también llegó al secretario general del Sunca, Óscar Andrade, durante una reunión que mantuvo con Xavier en el Senado.
«Vázquez informó que ante cualquiera de las variantes, que fuera aprobada o no la ley y cualquiera fuera el contenido de la misma, que estaba dispuesto a examinar la aplicación y a la luz de los resultados en caso de que el Frente fuera nuevamente gobierno y Vázquez fuera presidente, se comprometía a enviar un proyecto que salvara los problemas que puedan surgir de la aplicación», indicó.
En un acto que realizó en Salto, Vázquez se expresó a favor de una ley de responsabilidad penal de los empresarios, pero en la misma línea que el astorismo, advirtió que el tema se debía analizar con «mucho cuidado» para «no dar un paso para adelante y después tres para atrás».
La misma posición había sido alertada por los astoristas, que en un comunicado habían expresado que el Frente Amplio no debía «correr nuevamente el riesgo de una nueva declaración de inconstitucionalidad».
Según el constitucionalista Martín Risso, el proyecto de responsabilidad penal del empleador «tiene elementos claramente inconstitucionales» (ver nota aparte).
Las cámaras empresariales se pronunciaron en bloque contra la iniciativa y se declararon en sesión permanente para evaluar «las vías que, ajustadas a derecho, correspondan para la defensa de la libertad de los empleadores».
El presidente José Mujica reconoció la ambigüedad que existe en torno al proyecto: «Si usted habla con abogados penalistas le van a decir que es inconstitucional. Si habla con abogados laboralistas le van a decir lo contrario. Y si habla con constitucionalistas, uno va a decir que sí y otro que no. Ahora…cuando uno no es abogado, ¿qué dice? Me callo la boca».
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