A causa de la crisis fiscal, el ministro de Economía, Axel Kicillof; y el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, anunciaron el jueves 27/03 la quita de subsidios para la luz y el agua, una medida esperada, que el Gobierno venía demorando desde 2008, y que apunta a reducir el monto destinado a mantener bajas las tarifas energéticas para darle algo de alivio a las arcas del Estado. Bajo el eufemismo de “reasignación de los subsidios y uso responsable”, Kicillof aclaró en marzo pasado que “vamos a seguir subsidiando” pero que “vamos a reducir el subsidio global en un 20% en el caso de gas y agua”. Quedó pendiente la luz, que aumentaría en setiembre.
En Urgente24 ya explicamos que la quita de subsidios no supone mejora alguna para las empresas concesionarias. Es decir: no habrá mayor inversión en la infraestructura porque se retiren los subsidios. Sí habrá servicios más caros, pero no hay transferencia de dinero a las empresas privadas sino sólo al Estado enorme, glotón, avaro y codicioso.
De acuerdo a un trabajo de la ong Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), durante el año pasado, el gasto público en subsidios económicos fue de $134.144 millones, un 34,3% más respecto al mismo período anterior.
De ese monto, cerca de la mitad estuvo destinado a solventar las importaciones para tapar el agujero energético creado por este gobierno y para sostener bajas las tarifas de los servicios públicos.
Sobre la luz, en febrero pasado economistas con posiciones cercanas al Gobierno le sugirieron hacer un aumento discriminado triplicando las tarifas de la luz para los sectores de mayor poder adquisitivo y duplicándosela al resto de los usuarios domiciliarios. Pero el esquema aún no se conoce.
Según el diario El Cronista, la quita de subsidios a la electricidad comenzará en septiembre y se empleará un esquema similar al usado con el gas por red.
El Gobierno implementará quitas parciales y escalonadas de subsidios durante toda la primavera y el verano, que impactarían de lleno recién sobre el fin de la temporada estival. Los recortes de subsidios serán mayores a los usuarios de más consumos y se promoverán incentivos para el ahorro. También se mantendrán las excepciones actuales: aquellos usuarios sin gas natural que calefaccionan sus hogares con electricidad, por ejemplo, no sufrirían recortes.
Para eso, el Ministerio de Planificación apurará la semana próxima la firma de convenios de congelamiento de tarifas con las tres provincias que quedan: San Luis, Santa Fe y Salta. Se trata de un paso previo a quitar subsidios, para restringir las distorsiones de precios que existen entre las distribuidoras provinciales y entre ellas y las del área metropolitana, que, bajo la órbita de la Nación, no aumentaron sus precios desde la convertibilidad.
La quita de subsidios elevaría el costo de la electricidad para el usuario y, por lo tanto, el aumento sería más oneroso fuera del área metropolitana.
El “Programa de Convergencia de Tarifas Eléctricas y Reafirmación del Federalismo Eléctrico e Integración en la Argentina” obliga a las provincias a transparentar costos del sector eléctrico, realizar estudios que permitan aplicar subsidios con equidad, verificar que una eventual quita de subsidios no genere una competencia desleal de precios entre las provincias y a frenar por 365 días cualquier aumento tarifario.
A cambio, la administración central financia obras por entre $ 150 y $ 200 millones en cada distrito, que se ampliarán otro tanto si se ejecutan con diligencia. La cifra no es despreciable. En Santa Fe, por ejemplo, la Empresa Provincial de Energía (EPE) ejecutó obras por $ 60 millones el año pasado, graficaron en Planificación. El ejemplo no es inocente: el gobernador Arturo Bonfatti se resiste a firmar el acuerdo, indica este miércoles 30/04 El Cronista.
Con ese primer paso en vías de concretarse, el Ejecutivo le puso fecha a la quita de subsidios a la electricidad. Como ocurrió con el gas, se anunciará antes de la temporada de mayor consumo y se premiará el ahorro de energía, que permitiría reducir el oneroso déficit energético y la consecuente sangría de dólares (las consultoras estiman que la importación de energía insumirá este año unos US$13.000 millones).
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