A casi tres años del escándalo, finalmente se reactiva la causa judicial que investiga las responsabilidades de funcionarios públicos en el escándalo de los hermanos Schoklender.
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenó una batería de medidas de prueba que apunta a complementar el informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre el Plan Sueños Compartidos, que entregó 1.295 millones de pesos.
La investigación está enfocada a probar una administración fraudulenta, donde estarían involucrados los Schoklender, funcionarios municipales, provinciales y hasta la segunda línea de mando del Ministerio de Planificación.
Varios de ellos serían llamados a indagatoria antes de la feria de invierno. También podrían ser citados a declarar varios de los imputados de la causa principal, que estaba a cargo del juez Norberto Oyarbide hasta que fue desplazado. Ese expediente apunta a las maniobras de lavado de dinero que habrían realizado los Schoklender y sus allegados.
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