El primer nivel del Colegio Normal Rural de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, se quedó con sólo 30 alumnos luego del secuestro de 43 jóvenes
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«Mis padres me han dicho que me vaya a la casa. Prefieren que me quede sin estudiar a que me maten por ahí», contó Ernesto Guerrero, un estudiantes de 21 años entrevistado por La Jornada.
Es uno de los sobrevivientes al salvaje ataque de narcos y policías que sufrieron en Iguala, el 26 de septiembre pasado, los alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, por organizar una protesta contra el alcalde. Tuvo que ver cómo 43 compañeros eran perseguidos y secuestrados.
Guerrero es uno de los 30 que decidió permanecer en el colegio pupilo. La mayoría, 67 de los 97 que quedaban en el primer nivel, abandonaron sus estudios por temor a sufrir represalias.
El joven sabe que si todos se van, el Estado va a terminar cerrando las pocas escuelas para maestros rurales creadas por la Revolución Mexicana que todavía sobreviven, y que mantienen una fuerte tradición de movilización política.
«Yo, con mis camaradas, he convivido y he llorado. Hemos comido juntos, hemos tomado. Veo que algunos ‘compas’ se van, se van, no sé por qué se van, pues tienen miedo. Aquí nos dijeron que aquí somos hermanos», contó otro estudiante de 25 años, que prefirió no dar su nombre. Escapó del ataque con una herida de bala en la rodilla.
La investigación judicial
El paradero de los jóvenes es aún un misterio para todo México. Los 43 alumnos, la mayoría de entre 18 y 21 años, desaparecieron la noche del 26 de septiembre en medio de una serie de ataques a tiros de la policía municipal de Iguala y de sicarios de Guerreros Unidos que dejaron seis muertos.
La Fiscalía teme que los jóvenes hayan sido entregados por policías corruptos de Iguala y de Cocula a sicarios de Guerreros Unidos y que éstos los hayan asesinado y enterrado, tras la orden del alcalde Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda, ambos prófugos.
Abarca está acusado de ordenar reprimir a los estudiantes porque temía que los jóvenes fueran a boicotear un acto público de su mujer, quien aspiraba a sucederlo en 2015 al frente de la alcaldía. Pineda es hermana de narcotraficantes y acusada ahora de ser la principal operadora de Guerreros Unidos en Iguala.
El fiscal mexicano, Jesús Murillo, destacó que en este caso están involucrados «miles de investigadores», lo que muestra el interés del Gobierno en hallar «a como dé lugar» a los jóvenes desaparecidos, detener a todos los responsables y lograr justicia.
Señaló que hay grupos especializados que están usando «todos los medios de inteligencia» para hallar a los tres autores intelectuales: Abarca, Pineda y el secretario de Seguridad de Iguala, Felipe Flores.
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