Se esperaba que después de las PASO, los candidatos consagrados por el voto popular se dedicarían a recorrer el país para explicarnos sus planes de gobierno, contarnos sus ideas acerca del futuro; tendrían tiempo para presentar sus equipos y debatir de cara a la sociedad sobre las cuestiones más urgentes y los horizontes que podemos trazar para la Argentina de los próximos cuatro años. Scioli, Macri y Massa cumplen con el protocolo y pronuncian sus discursos, conversan con los periodistas, enuncian sus plataformas y promesas, aplaudidos por sus militantes y cuadros. Cada cual atiende su juego. Pero de un debate genuino entre ellos, según parece, ni hablar. La octava elección presidencial desde la recuperación de la democracia transcurre así sin grandes sobresaltos, sin penas ni glorias, solo alterada por alguna denuncia inoportuna, revelación supuestamente escandalosa o declaración disonante.Los comicios en Tucumán derramaron sobre ese escenario un líquido corrosivo, con irregularidades, anomalías y prácticas fraudulentas que pone en evidencia debilidades del sistema electoral. El trámite judicial que siguió el escrutinio instaló además un debate mal planteado sobre la prebenda y el clientelismo. El gobierno salió a decir que quienes denuncian estas prácticas esconden un desprecio por el voto popular al cuestionar que el voto se vea condicionado por los planes sociales y los beneficios directos otorgados por los gobiernos. Calificaron de “antidemocrático” el fallo judicial tucumano que anuló en primera instancia los comicios y la Presidenta llegó a compararlo con el derrocamiento de Frondizi y el “fraude patriótico” de la década del ’20. De tal modo, se estaba reconociendo una concepción patrimonial y paternalista (o “maternalista”) del voto: la gente “agradece” al gobernante por lo que éste ¨le da¨: planes, obras y beneficios sociales, “¿qué tiene esto de malo?”.
No tiene nada de ilegítimo o ilegal. Pero representa sí una visión restringida, y bastante conservadora por cierto, de la democracia. Una visión que entiende a la democracia apenas como un régimen electoral en el que el pueblo consagra a sus gobernantes y les delega su mandato para que estos gobiernen según mejor les parezca. Si lo hacen bien, el pueblo se los reconocerá premiándolos con la continuidad. Si lo hacen mal, los desplazará eligiendo a otros. Así han planteado esta elección: un plebiscito sobre los doce años de gobiernos kirchneristas que deja a la sociedad sin otra opción que discutir sobre el pasado inmediato y el presente continuo: sobre quienes están mejor preparados para conducir la incertidumbre inminente, si quienes ya lo vienen haciendo hace muchos años o quienes no tienen esa experiencia. Es una disyuntiva que elude debates de fondo sobre los problemas y desequilibrios que recaerán en las manos y espaldas del próximo gobierno: ¿De qué manera se controla la inflación y se sostiene el crecimiento y el ingreso? ¿Cómo se sale del cepo, se cierra la brecha cambiaria y se mejora la competitividad? ¿Cómo encarar la crisis educativa? ¿Qué hacer con la coparticipación federal? ¿Debemos seguir con las mismas políticas inconexas, erráticas y reactivas en materia de seguridad, lucha contra el narcotráfico y corrupción? ¿Y qué de la explotación de los recursos naturales y los controles ambientales?
Por lo pronto, el Gobierno se dispone a aprobar en el Congreso una nueva prórroga de la Ley de Emergencia Económica -doce años de “década ganada” y seguimos en “emergencia económica”, ¿cómo lo explican?- lo que le dará al próximo Presidente la posibilidad de seguir contando con amplias facultades delegadas. Para completar, mientras la Presidenta sigue usando la Cadena nacional para hacer campaña, el candidato que marcha primero en las encuestas, Daniel Scioli promete bajar la inflación a un dígito, repatriar capitales y atraer inversiones por 30 mil millones de dólares, devolver el IVA a los jubilados con la mínima, construir 250 mil viviendas por año. Pero a la hora de cotejar estas promesas con sus contrincantes, elude el debate con los otros candidatos al cual se había comprometido; una deuda que se tenía con la sociedad y que, al parecer, no se va a levantar en esta ocasión. Expresiones como ¨show mediático¨, ¨batalla verbal campal¨, ¨concurso de popularidad¨ que se escucharon en referencia a este debate, ausente todavía en 32 años de democracia, muestran la pobre visión que se tiene de la formación de la opinión ciudadana. No consideran un deber u obligación exponer sus ideas ante la sociedad; discutir, dialogar, confrontar cara a cara con sus adversarios. Se pierden así una oportunidad; la de transmitir con más potencia su mensaje y mostrar con gestos y actitudes concretas la vocación de diálogo.
Fuente: La Razon
