Pese a la ola de rumores, los jueces del Máximo Tribunal descartan cambio de autoridades
Por Fabio Ferrer
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Aunque la grieta se extiende infinitamente por toda la Argentina, los miembros de la Corte Suprema intentan superar esa contingencia fortaleciendo la institución y, ante una transición política que juzgan complicada, son conscientes de que deben trabajar para el colectivo.
También entienden que el rol de la Corte Suprema se ha vuelto cada vez más relevante visto desde el poder real, en consonancia con las definiciones que los constituyentes, y en especial Juan Bautista Alberdi, definieron para ella y que no siempre ocupó en el pasado.
La Corte fue, durante buena parte del siglo XX, un poder subordinado, una suerte de hermano menor de los otros dos y sujeto en buena medida a la voluntad del Ejecutivo. Sus miembros estaban expuestos a los vientos políticos que a veces soplaban tormentosos y no gozaban en la práctica de la estabilidad que es fundamental para su independencia.
En la última década, la Corte se perfiló como un poder de Estado independiente. Como la cabeza real del Poder Judicial. Empoderados, por primera vez en la historia jueces y juezas de todo el país participaron en la toma de decisiones y fueron protagonistas centrales de la vida institucional.
Desde la brutal crisis económica, política e institucional que se desató en el año 2001, y sin perjuicio de los avatares del último año, la Corte y sus miembros han asumido con decisión su rol constitucional.
«Una Corte fuerte e independiente garantiza gobernabilidad y seguridad jurídica hacia adentro, hacia afuera y en las instancias inferiores. Lo contrario es el caos, la crisis, la falta de liderazgo», aseguró un experimentado juez en diálogo con Infobae.
Basta recordar grandes conflictos, como la resolución del corralito, cuando el emblemático Palacio de Tribunales estaba rodeado de gente que agredía a los ministros; en ese tiempo, el juez Juan Carlos Maqueda fue atacado físicamente.
En los debates de la Ley de Medios, hubo conflictos graves entre los litigantes y varios jueces del Máximo Tribunal fueron presionados y denunciados por las distintas partes.
En la reforma judicial llamada «democratización de la justicia» también hubo ataques de todo tipo y desde todos los lugares. Alcanza con recordar los ataques virulentos contra Carlos Fayt, aquel escenario montado frente al Palacio de Tribunales donde lo ridiculizaban por su edad, o las denuncias públicas de todo tipo contra Carmen Argibay cuando falló por la constitucionalidad de los indultos.
Fayt, Maqueda y Ricardo Lorenzetti fueron atacados cuando frenaron las ejecuciones contra un medio de comunicación.
Luego vino el fallo del 2×1, y las manifestaciones callejeras contra la Corte fueron tremendas.
A los pocos días de iniciado el gobierno de Mauricio Macri, una de las socias fundadoras de esa coalición de gobierno, Elisa Carrió, denunció penalmente a Lorenzetti, lo atacó a él, a su familia y a sus colaboradores de modo sistemático y virulento hasta que logró alejarlo de la Presidencia de la Corte, en septiembre del 2018, hace exactamente un año.
También hubo ataques personales y a través de las redes sociales cuando la Corte pidió el expediente de la causa «Vialidad» que involucra a Cristina Kirchner.
Esta larga historia de denuncias y ataques de todo tipo, hace que los jueces estén en alerta permanente.
De hecho, se ha generado una ola de rumores este fin de semana sobre el posible alejamiento de Carlos Rosenkrantz de la presidencia de la Corte, a partir de una serie de supuestas denuncias de las que dan cuenta hoy dos diarios. También Lorenzetti se ha quejado por la circulación de falsas informaciones y por denuncias anónimas en la AFIP.
Experimentados y prudentes, los jueces más antiguos guardan silencio. Sólo para aclarar las ideas, señalan desde algunos despachos que en ninguno de los acuerdos de ministros que se realizan los días martes se ha planteado este tema.
Aunque aclaran que, si hay una denuncia por un hecho ilícito, ésta debe ser investigada, como ya ocurrió en varias oportunidades. Nadie está por encima de la ley y de nada vale negar legitimidad al denunciante; hay que presentarse y aclarar la situación.
Pero, por otro lado, dicen, esta historia de presiones debería terminar, entendiéndose que la Corte Suprema es la institución donde se resuelven los conflictos en última instancia; si la desprestigiamos, no queda nada.
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