La Corte Internacional de Justicia (CIJ) con sede en La Haya instó hoy a Costa Rica y a Nicaragua a abstenerse de «enviar o mantener personal civil, militar o de seguridad» en una zona en disputa de las islas Calero y Portillo, sobre el río San Juan, en un fallo inapelable sobre la controversia que mantienen los dos países, celebrado como satisfactorio por Managua y San José.
La decisión unánime de los jueces, con espíritu salomónico, no aborda la cuestión del fondo del conflicto sino que es parte de las medidas provisionales solicitadas por Costa Rica en la demanda que entabló en la CIJ contra Nicaragua, en la que acusa al gobierno de Managua de haber invadido lo que considera parte de su territorio.
Los jueces consideraron «plausibles» los reclamos del gobierno de San José para que el tribunal dicte «medidas provisionales», y entre ellas determinaron que únicamente Costa Rica «puede enviar personal civil a la zona sólo en la medida que sea necesario y cuando haya riesgo de daño irreparable», previa consulta con la Secretaría de la Corte.
Las medidas provisionales, entre las que el tribunal recomendó a las partes abstenerse de cualquier acción que escale el conflicto, se aplicarán hasta que se resuelva la cuestión de fondo, que implica el reclamo de soberanía por parte de Costa Rica y si hubo o no invasión de tropas nicaragüenses en el territorio en disputa.
Sin embargo, en el fallo, leído por uno de los 15 magistrados, y difundido en directo por la cadena CNN, los jueces aseguraron que no pueden dirimir directamente en el conflicto territorial histórico, que se remonta al siglo XIX y que podría prolongarse entre dos y tres años ante La Haya, según los expertos.
Por otro lado, la Corte instó a ambas partes a ejercer la «buena vecindad» y a trabajar en conjunto para que se garantice la protección del medio ambiente y de los humedales en la zona de Calero y la isla Portillo.
El fallo, cuya lectura fue seguida en directo en Managua y en San José, fue interpretado por cada gobierno como favorable a sus intereses, según los puntos de la resolución que consideraran, reportó la agencia de noticias DPA.
Así, el gobierno de Costa Rica, que pedía el retiro de tropas nicaragüenses de lo que considera su territorio, evaluó que el tribunal le puso «un freno a Nicaragua» al impedir la presencia de personal militar o civil en la zona, lo cual «sienta un precedente para otras naciones», según expresó el canciller René Castro, quien presenció la lectura del fallo en el Palacio de la Paz, sede de la CIJ.
El gobierno de San José desea «verificar formalmente el retiro de las tropas (de Nicaragua) porque en tiempos pasados nos han mentido», comentó a Castro, quien expresó que Costa Rica está «satisfecha» con la resolución, prometió que de inmediato implementará las directrices de la CIJ e instó a que Nicaragua lo haga también «de buena fe».
Esta medida provisional no fue tomada por Nicaragua como una derrota porque Managua «ya había informado que no tiene necesidad de tener tropas ahí», así que «es una orden que el propio gobierno se había impuesto», sostuvo el embajador de Nicaragua en Holanda, Oscar Argüello.
El diplomático sí consideró como «una gran victoria» lo que interpretó como una decisión de la CIJ «contundente y unánime» de que Nicaragua tiene «el derecho de seguir dragando el río San Juan».
Pero la Corte determinó que Nicaragua debe abstenerse de dragar el río en la zona en disputa, y aclaró que no ordenó el cese de esas tareas porque Managua aseguró en su alegato que el dragado allí estaba concluido.
En ese sentido, la sentencia es clara al asegurar que «en el momento actual no se puede concluir, en base a los elementos probatorios existentes, que el dragado del río San Juan esté creando un riesgo de daño irreparable para el medio ambiente de Costa Rica», como alude San José y por ello la CIJ no se expidió por el pedido del gobierno costarricense de una indemnización, aunque lo autorizó a que excepcionalmente pueden envíar personal a verificar la situación.
«La opinión de nuestro equipo jurídico es que salimos muy bien. Estamos muy contentos con el resultado», concluyó el embajador nicaragüense, quien calificó el fallo de «ecuánime».
El conflicto se generó por tareas de dragado que realizó Nicaragua en el cauce del San Juan, que le pertenece, pero sobre el que Costa Rica adquirió derechos de libre navegación con fines de comercio mediante el tratado Cañas-Jérez, de 1858.
Costa Rica acusa a Nicaragua de haber penetrado militarmente en el sector de isla Calero y la isla Los Portillos, un territorio de unos 152 kilómetros cuadrados ubicado en la margen derecha del río San Juan, que sirve de frontera en un tramo de unos 140 kilómetros, hasta desembocar en el mar Caribe.
Este es uno de los diferendos fronterizos más serios ocurridos entre los dos países y que colocó las relaciones diplomáticas en su nivel más bajo en las últimas tres décadas.
Fuente: diariohoy.net
