Un plenario de comisiones conformado por las de Asuntos Constitucionales, Justicia, Seguridad y Legislación del Trabajo, sigue profundizando sobre los proyectos de Ley vinculados al tema.
En el marco de un debate que lleva ya varios meses, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires continúa avanzando con la discusión en torno a la creación y régimen jurídico del servicio penitenciario de la Ciudad y la ejecución de la pena privativa de libertad.
De esta manera, un plenario de comisiones conformado por las de Asuntos Constitucionales, Justicia, Seguridad y Legislación del Trabajo volvió a reunirse con diputados y funcionarios porteños.
El encuentro se llevó a cabo en el salón San Martín y contó con la presencia de Inés Parry, María Fernanda Mollard (UCR-Ev), Gimena Villafruela, Sergio Hernán Siciliano, Paola Michielotto, Ignacio José Parera (VxM), Matías Barroetaveña, Claudia Neira, María Bielli, Victoria Freire, Franco Vitali, Graciana Peñafort, Claudio Ferreño (UP), Rebeca Fleitas, Silvia Imas (LLA), Yamil Santoro (RU) y Claudio Ariel Romero (VF). También estuvieron en el recinto el subsecretario de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios de la Ciudad, Leandro Halperin, junto a su equipo.
Halperín fue el encargado de seguir profundizando sobre distintos ejes de discusión que fueron planteados a lo largo de las jornadas anteriores. Al respecto, manifestó que “la ley 24660 plantea un modelo de tratamiento individualizado en función de los criterios que surgen desde el inicio de la pena privativa de libertad como consecuencia del delito” y aseguró que “el desafío es darle un valor agregado”.
En cuanto a la soltura, según el funcionario, no se “prevé ningún plazo diferente al de la Nación, pero sí prevé hacer distintas cosas en las etapas intermedias” y detalló que el Ejecutivo propone tres etapas: “la primera que es de observación durante un período muy corto, ya se trate de privados o no de libertad. En ese sentido proponemos que el Estado se ocupe de todos los condenados, y no solamente de los que van a estar en la cárcel” la cual clasificó como “una mirada nueva”.
Una segunda, de tratamiento, según el diagnóstico previo, las condiciones de infraestructura que el Estado tiene en contexto de encierro, los recursos que el Estado ponga a disposición y, fundamentalmente con el acuerdo que la persona haga del plan de actividades en el marco del Plan de Vida.
Y, la tercera y última describió como “la de prueba, que también tiene un plazo temporal”.
Respecto al tema sobre las medidas sustitutivas al encierro aclaró que “se toman los criterios temporales de similares características de la legislación vigente en el país” pero destacó que en relación a situaciones de madres y a padres, o a otro tutor parental, con hijos menores de cinco años y con alguna discapacidad no se contempla “para ambos a la vez, sino, a uno u a otro”, a lo que calificó como algo “innovador” y profundizó que “también, en estos casos, va a haber Plan de Vida para esas personas”.
