La diputada de Fuerza por Buenos Aires (FxBA) cuestionó con dureza el avance de esa iniciativa y consideró que en su lugar se debería revisar la Ley de Educación Nacional, sancionada en 2006.
La legisladora de Fuerza por Buenos Aires (FxBA) y especialista en educación, María Bielli, cuestionó con dureza la Ley de Libertad Educativa que impulsa el Gobierno de Javier Milei, e insistió en que la escolarización debería ser entendida como «un bien público».
En ese sentido, la opositora advirtió que «terminó un año en el que el desfinanciamiento del sistema educativo -una caída del 50% desde que gobierna Javier Milei- se consolidó en el Presupuesto» e indicó que «comienza otro en el que, consumado el desguace de recursos, la discusión buscará adoptar un carácter simbólico y de sentido: el presidente pretende sancionar la Ley de Libertad Educativa que lejos de resolver alguna de las deudas que tiene nuestro sistema para con los niños y las niñas, promueve el corrimiento del Estado como rector y garante de la educación».
Sobre esa misma línea, Bielli precisó que «el punto fundamental de la propuesta es la determinación del rol del Estado como ‘subsidiario’. La educación deja de ser un bien público -garantizado por el Estado- y el énfasis se centra en la familia ‘como agente natural y primario de la educación de sus hijos’. Es entonces la ‘sociedad civil’ donde se organiza y desarrolla la educación y se promueve la escolarización en el hogar -homeschooling-. Reconoce, en paralelo a la educación formal, ‘servicios de educación abierta, sistemáticos o asistemáticos’, permitiendo que ‘toda persona humana o jurídica puede organizar, ofrecer o recibir enseñanza fuera de la educación formal’ y el rol del Estado nacional y las jurisdicciones ‘sin intervenir en su orientación ni sus métodos’ será de acreditar según mecanismos de validación que establezcan».
«El reconocimiento de esta oferta por fuera y en competencia con las instituciones educativas formales habilita la proliferación de ofertas educativas sin ningún tipo de regulación. Además instituye un ‘Consejo Escolar de Padres’ con capacidad de intervenir en asuntos estratégicos y de control institucional en las escuelas, de nombrar y de remover a su director», continuó en diálogo con Infobae.
Fue entonces cuando precisó: «surge entonces la pregunta de si el problema que las familias argentinas le adjudican a la educación es un problema de ‘falta de libertad’. ¿La demanda es más participación en las decisiones de las instituciones educativas? ¿La insatisfacción innegable de grandes sectores de nuestra sociedad con la educación está ligada a la coacción que ejerce el Estado y la imposibilidad de educar a los niños y a las niñas en sus casas? Que por cierto ya está permitido y regulado. El anarcocapitalismo choca de frente con la necesidad de las familias argentinas, cada vez con menos tiempo, cada vez con más trabajos. Así como en épocas de pandemia -incluso cuestionando políticas de cuidado en términos sanitarios- las familias reclamaban por la presencia de la escuela, hoy no pretenden que el Estado desista del ejercicio de su responsabilidad en materia educativa».
«La ley en cuestión deroga además la Ley de Educación Nacional sancionada en el año 2006», precisó Bielli y concluyó señalando que «a veinte años de la sanción de esta ley -cuyo debate recorrió escuelas y que fue aprobada con una amplia mayoría en el Congreso-, bueno sería un análisis serio de aquellas metas que se lograron cumplir y aquellas que aún representan una deuda».
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