El ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, calificó como «un absurdo» la decisión de la jueza Elena Liberatori de impedir instalar cámaras de seguridad en las escuelas porteñas. Confirmó que la Ciudad apelará el fallo y le adjudicó todo a cuestiones políticas.
El funcionario explicó este miércoles que la medida tiene como objetivo «cuidar los bienes» y destacó que «no tiene nada que ver con vigilar qué hacen los chicos».
«La realidad es qué hacemos para cuidar los bienes cuando los chicos no están. Eso se le explicó a la jueza», señaló Montenegro a la prensa.
Además, vinculó a La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA)con la movida judicial. «Casualidad, la persona que hace el amparo en los dos colegios fue candidato a comunero por la oposición», subrayó Montenegro, y agregó que «CTERA por ahí está preocupado porque nosotros queremos ver qué hacen los maestros. Pero tampoco queremos vigilar qué hacen los maestros», señaló.
El ministro confirmó también que apelarán la medida, e insistió con que el objetivo es meramente material. En tanto, aseguró que en el gremio «están con mucho tiempo» como para «perder el tiempo en estas cosas, se ve que tienen otras cosas que hacer en vez de educar bien a nuestros chicos», señaló.
«Se presentó un protocolo de actuación donde queda claro que las cámaras se encienden cuando no queda nadie dentro de los colegios. Se ve que pueden gastar tiempo y papel. Vamos a apelar, pero que quede claro que es una posición ilógica. Con el nivel de problemas que tiene la Ciudad, estar preocupándose por si un chico de cuarto grado se copia o no, la verdad que no es problema mío», concluyó Montenegro.
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