Las principales excusas por el magro tiempo rondan en torno a las elecciones. Fueron 31 en el primer semestre y 34 en el segundo
El Senado dejó sentado un bajo precedente en 2011: sesionó 64 horas y 9 minutos. 31horas y 4 minutos corresponden al primer semestre. 33 horas y 5 minutos, al segundo. La principal excusa versó sobre las dificultades-y el acuerdo tácito- para sesionar durante un año electivo.
Teniendo en cuenta las extraordinarias, los proyectos que se destacaron fueron:
Educación en cárceles. El proyecto de ley impone que “todas las personas privadas de su libertad tienen derecho a la educación pública”. En el texto se señala que el “Estado nacional, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires tienen la responsabilidad indelegable de proveer prioritariamente a una educación integral, permanente y de calidad para todas las personas privadas de su libertad en sus jurisdicciones”. Además se expresa que siempre se deberá “garantizar la igualdad y gratuidad en el ejercicio de este derecho, con las participación de las organizaciones no gubernamentales y de las familias”.
Producción pública de medicamentos. La ley declara “de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos, materias primas para la producción de medicamentos, vacunas y productos médicos, entendiendo a los mismos como bienes sociales”. La iniciativa expresa que la finalidad de la ley es “promover la accesibilidad de medicamentos, vacunas y productos médicos y propiciar el desarrollo científico y tecnológico a través de laboratorios de producción pública”. El texto además detalla que la autoridad de aplicación será “el Ministerio de Salud de la Nación”, y que serán considerados laboratorios de producción pública los “del Estado nacional, provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de las Fuerzas Armadas y de las instituciones universitarias de gestión estatal”.
Fábricas recuperadas. Uno de los principales puntos de la ley es que las cooperativas serán reconocidas como sujetos jurídicos para participar en procesos de recuperación de empresas. Además se obliga al Estado a dar subsidios para capital de trabajo, además de proveer apoyo técnico, entre otras cosas. Otro aspecto importante es que no se podrán transferir los pasivos laborales a las empresas recuperadas.
Estatuto peón rural. El proyecto en cuestión -a partir de ahora, los trabajadores rurales entran en la ley de contrato de trabajo- señala que “se entenderá por actividad agraria a toda aquella dirigida a la obtención de frutos o productos primarios a través de la realización de tareas pecuarias, agrícolas, forestales, hortícolas, avícolas, avícolas u otras semejantes, siempre que éstos no hayan sido sometidos a ningún tipo de proceso industrial, en tanto se desarrollen en ámbitos rurales”.
La iniciativa prohíbe “la actuación de empresas de servicios temporarios, agencias de colocación o cualquier otra empresa que provea trabajadores para la realización de las tareas y actividades incluidas en la presente ley y de aquellas que de cualquier otro modo brinden servicios propios de las agencias de colocación”.
El texto deja en claro que “la jornada de trabajo no podrá exceder de ocho horas diarias y de 44 semanales desde el lunes hasta el sábado a las 13 horas”, y que los trabajadores “tendrán derecho a la jubilación ordinaria con 57 años de edad, sin distinción de sexo, en tanto acrediten 25 años de servicios, con aportes”.
Un artículo al que se oponen algunos senadores opositores es el que crea el “Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA), como entidad autárquica en jurisdicción del ministerio de Trabajo” de la Nación, que “absorberá las funciones y atribuciones que actualmente desempeña el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE)”.
Regulación de la extranjerización de la tierra. La iniciativa impone, en su octavo artículo, que se “establece en el 15 por ciento el límite a toda titularidad de dominio o posesión de tierras rurales en el territorio nacional, respecto de las personas y supuestos regulados por este capítulo”, y que “dicho porcentual se computará también sobre el territorio de la provincia, municipio, o entidad administrativa equivalente en que esté situado el inmueble rural”.
El texto además expresa que “las tierras rurales de un mismo titular extranjero no podrán superar las mil hectáreas en la zona núcleo, o superficie equivalente, según la ubicación territorial”. Dicho equivalente será calculado según la “localización de las tierras rurales y su proporción respecto del municipio, departamento y provincia que integren”, y la “capacidad y calidad de las tierras rurales para su uso y explotación”.
Además, quedan exceptuados de la aplicación de le ley las personas físicas de nacionalidad extranjera que “cuenten con 10 años de residencia continua, permanente y comprobada en el país; los que tengan hijos argentinos y demuestren una residencia permanente, continua y comprobada en el país de cinco años”; y “aquellas que se encuentren unidas en matrimonio con ciudadano/a argentino/a con cinco años de anterioridad a la constitución o transmisión de los derechos pertinentes y demuestre residencia continua, permanente y comprobada en el país por igual término”.
Papel Prensa. El proyecto que declara de interés público la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y papel para diarios establece que la compañía Papel Prensa tendrá que fijar un precio igualitario del insumo para todos los medios del país. Además deberá garantizar no sólo el acceso para todas las empresas, sino también la creación de un Consejo Federal, y una Comisión Bicameral, que deberán hacer cumplir las disposiciones que impone el proyecto.
Un artículo cuestionado por los opositores es el que expresa que si los accionistas privados no realizan inversiones en la compañía, el Estado podrá financiar el aumento de la capacidad operativa de la misma, lo que se traduciría en un incremento del capital accionario.
Presupuesto 2012. La iniciativa establece, entre otras cosas, una pauta de crecimiento del 5,1 por ciento; una variación anual del índice de Precios al Consumidor -inflación- del 9,2 por ciento; una cotización promedio del dólar de 4,40 pesos; y el uso de 5.674 millones de dólares de reservas para “la cancelación de servicios de la deuda pública con tenedores privados”. Además, el texto estima exportaciones por 90.833 millones de dólares e importaciones por 82.254 millones de dólares, con un superávit en la balanza comercial de 8.579 millones de dólares, entre otras cuestiones.
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