Entidades de la producción agropecuaria, bolsas de cereales, corredores, acopiadores y exportadores manifestaron su «total rechazo» a la medida de fuerza de la Federación de Transportadores Argentinos (FETRA), que impide el ingreso de camiones cargados con granos a los puertos.
«El paro empresario de FETRA es una acción intimidatoria sobre un reclamo abusivo e ilegal que se trata de imponer en el momento en que se está levantando la cosecha», señalaron las entidades en un comunicado conjunto.
Desde el lunes pasado, y por tiempo indeterminado, la medida de fuerza de FETRA impide el normal desarrollo de la carga de granos en los puertos argentinos, en reclamo de «implementación de tarifa piso básico; condiciones de salubridad e higiene en la playas portuarias; seguridad; prohibición de fumigar; condiciones de accesos viales a las terminales; un plan de renovación de flota».
Según la entidad empresaria, esta problemática fue planteada en diversas oportunidades a la Secretaría de Transporte de la Nación, con quien en octubre de 2011 se firmó un acuerdo que debía resolver los reclamos expresados.
Para las entidades del sector, sin embargo, ese documento «sólo menciona la intención de trabajar en conjunto en ciertos temas y no la obligación de aplicar los reclamos expresados en la misma, circunstancia que sería completamente violatoria de las leyes vigentes».
«Estas exigencias ni siquiera fueron compartidas por las otras entidades que también representan a los transportistas», aseguran las entidades del sector.
En una carta abierta dirigida a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el titular de FETRA, Ovidio Rodríguez, argumenta que «representa al transporte de granos en las ocho provincias cerealeras, y le pide que comprenda y atienda la problemática que atraviesa el sector, producto de la falta de regulación».
En la carta, FETRA argumenta: «Desde hace años soportamos el maltrato y abuso por parte de las Multinacionales; las grandes Empresas Cerealeras y los pooles de Siembra; estos sectores son los responsables de las condiciones paupérrimas de salud; higiene y seguridad en las playas portuarias; y de las fumigaciones sobre los camiones (práctica que le costó la vida a muchos compañeros)».
Para las entidades del sector, «las normas vigentes sostienen la libre contratación y el carácter orientativo de las tarifas. Al mismo tiempo, los diferentes sectores relacionados con la carga siempre han colaborado para abordar soluciones a eventuales problemas o anomalías».
Por ello, agregan, «requerimos tanto al gobierno nacional como a los provinciales que arbitren los medios para lograr una solución urgente a este conflicto que no sólo perjudica a toda la cadena agrícola, sino también al ingreso de divisas y a la recaudación fiscal».
El comunicado conjunto fue firmado por las Bolsas de cereales de Bahía Blanca, Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos; las Bolsas de Comercio de Rosario y Santa Fe, las Cámaras de Actividades Portuarias y Marítimas, y de la Industria Aceitera; el Centro de Exportadores de Cereales, la Federación de Centros y Entidades Gremiales de Acopiadores de Cereales, los Centros de Corredores de Cereales de Rosario y de la Bolsa de Cereales, Coninagro, CRA y Sociedad Rural.
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