Desde las 10, la Cámara baja continúa debatiendo en el recinto la iniciativa del Poder Ejecutivo. Se estima que la votación en general se realice a las 20 y que cuente con más de 200 adhesiones. El consenso se perderá en la votación en particular, cuando la oposición pida modificar el articulado. Sin embargo, el kirchnerismo tiene la sanción garantizada tal como vino del Senado.
Luego de un cuarto intermedio, la Cámara de Diputados de la Nación reanudó a las 10 la sesión especial iniciada el miércoles para debatir el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que establece la recuperación del control estatal sobre YPF.
Tras una larga jornada, se espera que el pleno convierta en ley la iniciativa del kirchnerismo ya que cuenta con un amplio respaldo político. El cronograma de trabajo para la jornada de este jueves incluye las exposiciones de legisladores hasta las 18; los cierres de las autoridades de cada bloque hasta las 20; para luego pasar a la votación en general. En las dos horas siguientes, aproximadamente hasta las 22, se realizaría el análisis en particular del proyecto oficial.
Para la votación en general, el Frente para la Victoria confía en reunir más de 200 votos a favor -sobre los 257 integrantes de la Cámara- por lo que constituiría una votación histórica por el amplio consenso que reunirá un proyecto de esta envergadura.
Es que de contar con asistencia perfecta, el kirchnerismo contará con el aval de sus 116 integrantes. Y sumados los bloques afines de Nuevo Encuentro, Frente Cívico por Santiago, Movimiento Popular Neuquino, PJ La Pampa y Renovador de Salta, el proyecto se alzaría con al menos 134 adhesiones, por lo que la sanción estaría garantizada.
Pero la recuperación estatal de YPF parecería encaminarse hacia una política de Estado. Pues pese a tomar posturas críticas, la mayoría de los partidos opositores anticiparon que actuarán en continuidad con el Senado. Este será el caso del interbloque Frente Amplio Progresista, Proyecto Sur, expresiones minoritarias, y el grueso del radicalismo. También habrá votos favorables por parte de la Coalición Cívica y el Frente Peronista.
De acuerdo a las evaluaciones previas realizadas por las diferentes bancadas, los votos negativos serían entre 34 y 38. Corresponderán al Pro, al Partido Demócrata de Mendoza, la mayoría del peronismo disidente y un grupo de monobloques.
Las abstenciones corresponderán a cuatro diputados de la Coalición Cívica-ARI liderados por Elisa Carrión, y a diputados del peronismo opositor como la puntana Ivana Bianchi. En el radicalismo, Oscar Aguad anticipó que se retirará del recinto a la hora de votar por rechazar la postura de su bloque. A él podrían seguirle otros dos diputados.
En cuento a la votación en particular, todos los bloques opositores buscarán introducir modificaciones en el articulado del proyecto oficial. Sin embargo, amén de su mayoría parlamentaria, el oficialismo logrará aprobar la iniciativa tal como vino del Senado.
Además del dictamen de mayoría, un grupo de diputados opositores presentaron otros despachos de minoría. Uno del Pro, que rechaza la expropiación y crea un Ente Federal de Hidrocarburos; otro del Frente Peronista, que incluye la expropiación de las acciones de la familia Esquenazi y busca repartirlas entre todas las provincias; y un tercero de la Coalición Cívica para investigar la situación de YPF en los últimos años.
Aún así, no tienen chances de ser puestas a consideración ya que el dictamen del oficialismo, al ser el de la mayoría, se votará en primer término.
Paradójicamente, la protagonista de cerrar el debate será la misma Cámara que legalizó la privatización en 1992 por iniciativa del entonces presidente justicialista Carlos Saúl Menem.
Puntos principales del proyecto
El proyecto enviado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner al Parlamento el pasado 16 de abril lleva la denominación de “Soberanía hidrocarburífera de la República Argentina” y contiene 19 artículos.
Desde el primero se declara “de interés público nacional y como objetivo prioritario” del país “el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como la explotación, industrialización, transporte y comercialización” de los mismos.
Expropiación. A los fines de cumplir los objetivos de la política hidrocarburífera nacional, el proyecto declara “de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de YPF Sociedad Anónima representado por igual porcentaje de las acciones Clase D de dicha empresa pertenecientes a Repsol YPF S.A. sus controlantes o controladas en forma directa o indirecta”. El proceso de expropiación estará regido por lo establecido en la Ley 21.499.
El texto prevé que de las acciones a expropiar, todas de la española Repsol, el 51 por ciento quedará en manos del Estado Nacional, mientras que el 49 por ciento restante será de las provincias que integran la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFHEPI): Chubut, Neuquén, Formosa, Jujuy, Salta, Mendoza, La Pampa, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
De ese modo, la nueva YPF quedaría con un 26,03 por ciento de sus acciones en manos del Estado Nacional; 25,46 por ciento en poder del grupo Petersen (propiedad de la familia Eskenazi); 24,99 por ciento para los distritos petroleros; 15,35 por ciento en acciones que cotizan en bolsa, mientras que Repsol retendría el 7,23 por ciento.
Más allá de esto, YPF continuaría operando como sociedad anónima abierta, “no siéndole aplicable legislación o normativa administrativa alguna que reglamente la administración, gestión y control de las Empresas o entidades en las que el Estado Nacional o los estados provinciales tengan participación”.
El precio de la expropiación. La iniciativa oficial establece que el precio de los bienes sujetos a expropiación estará determinado por la tasación que efectúe el Tribunal de Tasaciones de la Nación.
Nuevo directorio. Una vez promulgada la ley se removerá la totalidad de los directores titulares y suplentes y de los síndicos titulares y suplentes. La designación de sus reemplazantes estará en correspondencia con las acciones sujetas a expropiación. Por eso, se efectuará en proporción a las tenencias del Estado nacional, de los estados provinciales y uno en representación de los trabajadores de la empresa.
YPF Gas. Además, de acuerdo a una artículo introducido durante el debate en el Senado, la ley establecerá la expropiación de YPF Gas.
Consejo Federal. Además, el proyecto crea un Consejo Federal de Hidrocarburos con participación del Estado nacional y todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para garantizar el cumplimiento de la ley y someter a consideración la política hidrocarburífera planteada por el Poder Ejecutivo.
Privatización de acciones. Como la expropiación de las acciones de YPF será por causa de utilidad pública, el proyecto prohíbe la transferencia futura de ellas sin autorización del Congreso de la Nación votada por las dos terceras partes de sus miembros en ambas cámaras.
