Los diputados Patricia Bullrich, Gerardo Milman y Ramona Pucheta manifestaron su desaprobación por el hostigamiento y persecución del kirchnerismo hacia el periodismo independiente. Ante esta situación, fue presentada una denuncia y pedido de investigación en el despacho del Presidente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia Senador Marcelo Jorge Fuentes.
La denuncia presentada por los legisladores hace referencia a la causa N° 8407/06 «Averiguación por el delito del artículo 222 del Código Penal», a cargo de la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, quien está investigando por presuntas pinchaduras a mails de políticos y empresarios, a los periodistas Héctor Alderete (del portal Seprin), Carlos Pagni (La Nación), Edgar Mainhard (portal Urgente 24) y el periodista Roberto García (columnista de Perfil, antes director de Ámbito Financiero). La mencionada causa también involucra a a Juan Bautista “Tata” Yofre, titular de la SIDE durante la presidencia de Carlos Menem, a los ex agentes de Inteligencia Iván VELÁZQUEZ y Pablo CARPINTERO.
Al respecto, los diputados piden explicaciones de la causa enumerando una serie de irregularidad y declarando que la mismo está “en juego ni más ni menos que la confidencialidad de fuentes de información vitales para el libre ejercicio del periodismo independiente, las cuales, como se sabe, NO son judiciables al estar protegidas por la jurisprudencia y por la Constitución Nacional”.
Y, los responsables de esta persecución a del kirchnerismo hacia periodistas, políticos, empresarios, jueces, fiscales y todo aquel que sea opositor o crítico al modelo, serían miembros de la Secretaría de Inteligencia y del Ejército Argentino, quienes actuarían bajo las órdenes de Aníbal Fernández y por pedido presidencial expreso. En base a esto, los diputados piden que se investiga la posible participación del ex Jefe de Gabinete.
Aquí transcribimos las irregularidades citadas en el documento presentado por Bullrich, Milman y Pucheta
° Requiera con carácter de urgencia copia de toda la causa N. 8407/06 al el Juzgado Federal N° 1 de San Isidro, a cargo de la Jueza Sandra Arroyo Salgado, a fin de determinar la participación actual y pasada de los agentes y/o ex agentes de la Secretaria de Inteligencia en tareas el espionaje ilegal de cuentas de e-mail a periodistas, funcionarios, jueces y dirigentes políticos. En conexión a ello, deberá pedir explicaciones escritas a las autoridades del mencionado Juzgado de por qué la causa N. 8407/06 recayó en ese Juzgado, cuando en realidad solo uno de los imputados es de esa localidad y el resto tiene domicilio en la Ciudad de Buenos Aires. Además, deberá explicar por qué se presenta a la Secretaria de Inteligencia como denunciante, cuando en realidad fue el Grupo Clarín el que inició la causa como consecuencia de la pinchadura al e-mail del Periodista Daniel Santoro en 2006, y la causa recayó en Juzgado en lo Criminal y Correccional Nº 7, a cargo del Dr. Guillermo Montenegro (actual ministro de Seguridad del Gobierno de la Ciudad).
2° Investigue a los ex agentes Iván VELÁZQUEZ y Pablo CARPINTERO en relación a las siguientes cuestiones:
a) El desarrollo del llamado I.V.A.N. (INTERCEPTOR VAMPIRO ACTIVO), encargado de atacar cuentas y servidores, y del I.V.A.C (INTERCEPTOR VAMPIRO CAPTOR-PASIVO), el sistema pasivo encargado de recibir los mensajes interceptados mediante un mecanismo man-in-the-middle.
b) Su relación con Ing. Antonio Horacio STIUSO, Director Gral. de Operaciones; Fernando POCINO, Director de Reunión Interior y; Marcelo SAÍN, ex Director de la Policía de Seguridad Aeropuertaria, en una “cueva” que la Secretaria de Inteligencia tenía (o tiene) en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, dónde supuestamente se realizaron (se realizan) las interceptaciones de mails en forma clandestina.
c) El destino del material, archivos y equipos secuestrados clandestinamente por VELÁZQUEZ, junto a otros subalternos en la mencionada “cueva” de Ezeiza, entre los cuales están los e-mails de los periodistas.
d) Su relación con Aníbal FERNÁNDEZ cuando se desempeñaba primero como Ministro del Interior y luego como Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. ¿Acaso aquél jugaba el rol de “jefe político” de los ex agentes? De ser afirmativa la respuesta, deberá indagar qué tipo de involucramiento tenía el ex ministro con estos y demás agentes de sistema de inteligencia y; por último, en base a los resultados de la indagación, se deberá determinar si el funcionario violó el Artículo 11 de la Ley 25.520.
e) ¿Por qué realizaban tareas de inteligencia interior siendo por entonces Personal Civil de Inteligencia del Ejército? ¿Cuál es su situación procesal actual?
f) Siempre en conexión con las intercepciones ilegales de los e-mails, deberá determinar cuál fue la participación del Gral. de Div. Cesar MILANI, actual Jefe de Inteligencia del Ejército y su relación con Fernando Pocino, Director de Reunión Interior?
g) ¿Es verdad que VELÁZQUEZ está prófugo de la justicia argentina en la República Oriental del Uruguay? Si la respuesta es afirmativa, deberá indicar por qué no fue detenido al ingresar varias veces al país según los denuncian varios portales de Internet.
3° En cuanto a la responsabilidad de la Secretaría de Inteligencia, deberá esclarecer:
h) ¿Cuál es el uso que actualmente se le da al I.V.A.N. y el I.V.A.C.? ¿Dónde se encuentran (base operativa) y quién/es está/án a cargo de los mismos? En caso que no estén operativos, se deberá informar qué procedimientos y protocolos utilizó la Secretaria para su desactivación y cuál el destino final de los datos y los soportes de almacenamiento.
i) ¿Existen las autorizaciones judiciales que exige la Ley 25.520 (artículos 18 a 20) para la interceptación de las cuentas de e-mail a periodistas supuestamente sospechados de obtener información confidencial que compromete la “seguridad nacional”? De ser afirmativa la respuesta, se deberá remitir a la Comisión copia de todas y cada una de las causas y expedientes judiciales por los que se dispensaron dichas autorizaciones, desde 2006 hasta la actualidad. Si la respuesta es negativa, se solicita urgentemente que la Comisión presente una denuncia penal contra las autoridades de la Secretaría de Inteligencia por incumplimiento de los artículos 42 y 43 de la Ley 25.520.
4° Siempre en conexión con las intercepciones ilegales de los e-mailes desde la Secretaría de Inteligencia, se requiere que se investigue a las siguientes gentes y ex agentes de inteligencia que se nombran a continuación: Maximiliano LA REGINA, María ZOEE BALLARINO, Alejandro CUTRIN, Adriana MAZZA, Ramos MENDOZA, Carlos Alberto ÁLVAREZ, Adriana ANSELMO, Susana LANIGRO, Matilde CÁRREGA, Rodrigo BONINI, Rolando BACKERING, Roberto BOUJON, Fabián CAMPOS.
5° Se requiere citar a la Comisión a periodistas e imputados para dar testimonios sobre estas denuncias, entre los cuales, no pueden faltar:
– El Tcnel. Pablo QUIROGA, el cual tiene vínculos con VELÁZQUEZ cuando se desempeñaba como oficial de enlace entre la Secretaría de Inteligencia y el Ejército;
– Joaquín Pereira, Sub Oficial Mayor (RE) del Ejército y testigo de la causa de los “Hackers”, el cual supuestamente fue extorsionado por el General Milani para que no hable. Su función era llevar información al Ejército que le daba VELÁZQUEZ.
– Los jefes de la “Base Billingurst” y “Base La plata” de la Secretaría de Inteligencia, así como al Director de Reunión Interior Fernando POCINO.
– El Director General de Operaciones de la Secretaría de Inteligencia Horacio STIUSO.
– Los Sres. Directores de Contrainteligencia y a los jefes de la “Base Estados Unidos” de la Secretaría de Inteligencia.
– A Francisco LARCHER, Subsecretario de la SI, y a Héctor ICAZURIAGA, Secretario de la Secretaría de Inteligencia.
Y la investigación que involucra a Aníbal Fernández aquí
