Son $120 millones que la Fundación Madres de Plaza de Mayo no pagó en concepto de cargas sociales de acuerdo al informe parcial de la Auditoría General de la Nación (AGN) enviado a la Justicia y por el cual el juez federal Norberto Oyarbide decidió suspender hasta febrero la definición sobre el procesamiento de Sergio Schoklender en la causa por defraudación a la administración pública.
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24).- No es la primera vez que Hebe de Bonafini tiene problemas con los trabajadores del plan Sueños Compartidos que administraba Sergio Schoklender y por el cual terminó en la Justicia por el presunto delito de defraudación a la administración pública. Cuando los albañiles le reclamaron a la titular de Madres de Plaza de Mayo por su situación laboral ella los ninguneó y los mandó a hablar con Sergio.
A mediados de junio de 2011 los obreros de Sueños Compartidos, la constructora de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, cortaron la avenida General Paz en reclamo por el pago de sueldos.
Ya por ese entonces denunciaron que la entidad no les había hecho los aportes previsionales y a la obra social.
No era la primera vez que esa fundación incumplía con las cargas sociales: en su balance del año 2009 reconoció que tenía deudas por ese concepto de casi 50 millones de pesos. Y que el año anterior también había tenido atrasos en ese rubro.
El balance de 2009 de la Fundación fue presentado a la Inspección General de Justicia con la firma en cada una de sus páginas de Bonafini, en su carácter de presidenta. Dicho documento deja establecido que el rubro pasivos de la organización sumaba 78 millones de pesos en 2009, y la mayor parte de ese monto, 49,6 millones, eran “Deudas Sociales” por el no pago de aportes previsionales a la obra social y a la aseguradora de riesgo de trabajo de sus empleados.
Ahora el diario La Nación revela que el anticipo de una auditoría más profunda que realiza la Auditoría General de la Nación determinó que la Asociación Madres de Plaza de Mayo debía cargas sociales por $ 120 millones y esa fue la principal razón por la que el juez federal Norberto Oyarbide decidió aplazar hasta febrero la definición de la situación procesal de Schoklender en la causa.
El juez, según las fuentes consultadas por ese matutino, piensa incorporar estos elementos al expediente y sumarlos a los indicios para responsabilizar a Schoklender por defraudación a la administración pública, pues está acusado de desviar hacia sus cuentas y para su provecho parte de los $ 765 millones que el Estado entregó a las Madres de Plaza de Mayo para levantar viviendas sociales.
Además, entregó al juzgado un informe parcial que comprende la situación de los empleados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo que se dedicaban a levantar las viviendas. Los albañiles eran incorporados en blanco y se les pagaban cargas sociales, pero la auditoría determinó que en el caso de los complejos de viviendas de Presidencia Roque Sáenz Peña, en el Chaco, y de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires, no se habrían depositado las cargas sociales.
Fuente: Urgente24
