El delegado del gobierno nacional en Entre Ríos, el gobernador Sergio Urribarri, tuvo que dar marcha atrás en la judicialización que el estado entrerriano pretendía llevar adelante para cobrar el Impuesto Inmobiliario Rural y así frenó las ejecuciones de los embargos realizados por la Agencia Tributaria de la provincia (ATER). En medio de la campaña electoral, con esta decisión logra frenar los reclamos del campo hasta agosto y luego dependerá de la recaudación para seguir o no con la medida.
PARANÁ, ENTRE RÍOS (Especial para Urgente24).- Si bien acá en Entre Ríos decimos que es muy difícil recular en chancletas, en esta oportunidad al delegado Sergio Urribarri no le quedó otra alternativa y prefirió arriesgar un golpe antes que tener que aguantar algo más serio antes de las PASO del 11 de agosto.
Hoy se había conocido que la Agencia Tributaria de Entre Ríos (ATER), había lanzado más de 10.000 órdenes de ejecución de embargos para reclamar la regularización del Impuesto Inmobiliarios Rural (IIR).
Lo que sucede es que la presión tributaria en Entre Ríos es insostenible, y como si eso fuera poco, es la provincia con los impuestos más caros del país. Competitivamente Entre Ríos no es una provincia atractiva para invertir ya que en Santa Fe se paga la mitad de lo que se tributa aquí, mientras que en Córdoba la proporción es de 1/3.
En 2012 hubo tractorazos e incidentes por el aumento del inmobiliario rural que había sido avalado por la Justicia al rechazar una medida presentada por la Sociedad Rural. En Buenos Aires ocurrió lo mismo con Carbap o tras entidades que realizaron fuertes protestas.
Los incrementos en el impuesto inmobiliario rural fueron una forma que encontraron los gobernadores para hacerse de recursos. Esa situación estalló el año pasado en Entre Ríos un protesta con dos tractorazos que incluyeron incidentes durante la manifestación contra el alza de hasta 600% en ese tributo.
Ahora, y como en 2012, desde la Mesa de Enlace provincial se anunció que se tomarían medidas ante las graves condiciones que deben soportar los pequeños y medianos productores que son los más afectados por la exorbitante carga impositiva del gobierno.
El reclamo amagaba con ser un problema más de cara a las próximas elecciones de agosto ya que se sumaba a otros como el de los maestros que ya anunciaron que no retomarán el dictado de clases si no logran de parte del gobierno una recompensación salarial antes del próximo viernes, o al del personal de los hospitales públicos.
Por eso Urribarri decidió recular una vez más, tal como lo hizo este martes (23/07) la presidente Cristina Fernández con el pliego del general César Milani, y recibió a representantes de la Federación Agraria Argentina (FAA), ante quienes se comprometió a frenar las ejecuciones y a estudiar en un plazo de días otras maneras de dar una solución al problema.
En una reunión que se llevó a cabo en horas de la tarde, el delegado recibió a los dirigentes y si bien no dejó que los medios periodísticos pudieran registrar ese momento, al finalizar la misma desde FAA expresaron que “el gobernador se comprometió a frenar las ejecuciones, embargos y apremios por el IIR y en diez días habrá una nueva reunión para ver cuáles son las formas que se buscarán para el financiamiento para los productores”.
Del mismo modo los dirigentes se comprometieron a llevar la inquietud al resto de la Mesa de Enlace para tratar de frenar las medidas que se planeaban llevar adelante.
Urribarri quizás logre frenar de algún modo los reclamos hasta el 11 de agosto, lo que no se sabe es si logrará hacerlo más allá de esa fecha si no logra hacer ingresar a las arcas del estado todo lo que tenía previsto recaudar.
Y si no lo consigue, como seguramente prometió, recibirá nuevamente ayuda del gobierno nacional para paliar las situaciones que se avecinan.
Ya dijimos, a veces recular en chancletas es difícil. Y el golpe puede ser muy duro.
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