El Senado y la Cámara baja aprobaron en noviembre de 2009 la interrupción temporaria de la vigencia de esa norma por amplia mayoría. Los argumentos de esas jornadas.
El 18 de noviembre de 2009 la Cámara alta convirtió en ley por amplia mayoría el proyecto que habilitaba la suspensión temporaria de la Ley Cerrojo aprobada en febrero de 2005. Dicha norma prohibía la reapertura del canje de deuda, con el claro objetivo de dar una señal a los bonistas para que aceptaran la propuesta elaborada entonces por Néstor Kirchner y Roberto Lavagna.
La norma suspendió temporalmente la aplicación de esa ley y fue aprobada por 45 votos contra 10. Se suspendía a partir de la misma la Ley Cerrojo por al menos un año y a partir de ello el PEN intentaría reabrir el canje de la deuda para los bonistas que no ingresaron en la operación de hace cuatro años que tienen en su poder títulos en default por una cifra equivalente a 20.000 millones de dólares.
Miembro informante del proyecto fue el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Fabián Ríos, quien resaltó el «exitoso mecanismo de canje de deuda» y recordó que en 2005 «fue ventajoso porque nos permitió el desarrollo de la economía argentina tras la convertibilidad».
Por entonces, dijo, «quedaron sin haber optado por el ingreso a este mecanismo de negociación alrededor de 20 mil millones de dólares de aquellos bonistas. Hoy la intención es complementar este mecanismo, reabrir este canje y lograr un rescate mayor de deuda».
El objetivo del nuevo canje sería «restablecer la seguridad jurídica en el tema del endeudamiento y restablecer mecanismos de financiamiento que bajen el riesgo país».
Ríos remarcó que «no va a ser el Estado el que asuma el costo de las comisiones financieras de aquellos operadores que trasladen el interés de los tenedores de bonos para entrar al canje».
Por su lado, el radicalismo apoyó la medida y el entonces titular del partido, Gerardo Morales, dijo que la parecía «buena señal que el Poder Ejecutivo inicie gestiones para arreglar con el Club de París. Esto va a poner mejor a la Argentina el año que viene, cuando la crisis se supere. Y va a ponerla en una situación mejor para afrontar mejoras en la economía doméstica».
A su turno, el entonces senador Eric Calcagno defendió la posición del Gobierno nacional fundamentando los aspectos económicos del endeudamiento externo, que llegó a ser el combustible de la economía durante los noventa, así como la dimensión política del endeudamiento, que funcionaba como un esquema de poder interno.
En 1975 era de 7.800 millones de dólares, en 1983 de 45.000 millones, en 1992 de 63.000 millones, en 2001 de 144.000 millones; la convertibilidad costó 81.000 millones de dólares. Después, la salida de la convertibilidad demandó 47.000 millones de dólares más. Con todo ello, en 2001 la deuda externa era de 191.000 millones, señaló. “En realidad, creo que no salimos de la convertibilidad, nos caímos –dijo-. Después, en 2005, como resultado de la reestructuración, se redujo substancialmente, de modo soberano”.
En ese orden, añadió: “Me parece importante recalcar que en la ley que vamos a votar no hay condicionalidades. Lo que mataba a la Argentina en esa época era que frente a los desequilibrios internos que se subsanaron con el endeudamiento interno -o peor aún- como era en la era de la convertibilidad, en la cual el endeudamiento externo era el combustible que hacía funcionar a la economía, no hay condicionalidades”.
Por el contrario, el peronista federal Juan Carlos Romero sostuvo que esta actitud del oficialismo «muestra las marchas y contramarchas que no solo son propias de este gobierno» y agregó que «aquí queda aprobado que fracasó la idea del oficialismo de la Ley Cerrojo original».
También votó en contra el socialista Rubén Giustiniani, para quien la reapertura del canje representa «una exigencia del FMI que nos dice que vamos a tener crédito si arreglamos con los holdouts, si retornamos al Club de París y volvemos al redil».
En Diputados, la norma había sido aprobada el 4 de noviembre. La suspensión de la Ley Nº 26.017 obtuvo ese día el aval de la Cámara baja luego de dos horas y media de debate, por 165 votos a favor y 28 en contra.
La oposición apoyó en general la iniciativa kirchnerista. En cambio, el sector de centroizquierda y el socialismo, aliados en la mayoría de los proyectos, se opuso a la reapertura del canje de la deuda.
Al defender el texto, quien era entonces el titular de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja, el santafesino Gustavo Marconato, sostuvo que con esta iniciativa “queremos darle al Poder Ejecutivo las herramientas necesarias” para “perfeccionar las operaciones del canje”.
“Esto a la Argentina le permitiría reducir el riesgo país y facilitar el acceso al mercado de capitales”, afirmó el legislador santafesino. Además, Marconato sostuvo que “buena parte de esos bonistas (que ingresaron en 2005) quieren incluirse en esta reapertura del canje y aceptar la quita de capital y de intereses y el acortamiento del plazo, aún en condiciones menos ventajosas que en 2005”.
A su turno, el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto, el radical Miguel Giubergia, anticipó el respaldo de la UCR a esta “herramienta” del Poder Ejecutivo aunque planteó diferencias con el texto, al considerar que se debe incluir “la prohibición de establecer pagos de comisión”.
Desde el Pro, el diputado nacional Federico Pinedo respaldó la propuesta del Poder Ejecutivo, al sostener que con esta iniciativa “el gobierno defiende el interés nacional” y afirmó que “está demostrando que tiene voluntad de pago y de cumplir con sus obligaciones”.
En tanto, el diputado del PJ disidente Jorge Sarghini aseguró que su bloque votó a favor del proyecto del Gobierno porque “esta iniciativa ayuda a normalizar nuestra relación con el mundo y con los mercados”.
“La razón es la necesidad del financiamiento que necesita el sector público”, concluyó el legislador bonaerense.
www.parlamentario.com
