“La impunidad destruye la democracia”, es el título de un durísimo comunicado difundido por el interbloque FAP de la Cámara baja, en el que se hacen eco de datos brindados por el diario La Nación.
Luego de la denuncia publicada en la edición de este domingo del diario La Nación, diputados del FAP reclamaron que la Justicia actúe de oficio y reclamaron “respuestas oficiales y aclaraciones convincentes”.
Los legisladores del FAP estimaron que la presidenta “debería responder de inmediato” la denuncia publicada en la edición de este domingo del diario La Nación. Entienden los legisladores que “la magnitud de la acusación y las pruebas aportadas, ameritan una aclaración de la máxima investidura nacional y también que actúe de oficio el Poder Judicial”.
“Los integrantes del Frente Amplio Progresista (FAP) creemos que la injusticia degrada la democracia, pero la impunidad la destruye y que el silencio no es lo que se espera de los gobernantes en un país normal ante semejantes denuncias”, expresaron a través de un comunicado suscripto por los diputados Juan Carlos Zabalza (Partido Socialista), Margarita Stolbizer (GEN), Jorge Valinotto (Frente Cívico-Córdoba) y Victoria Donda (Libres del Sur)..
El diario La Nación sostiene que las empresas del constructor Lázaro Báez le garantizaron “ganancias millonarias” a la pareja presidencial y cita a expertos que “estimaron que surgen conductas que podrían configurar los presuntos delitos de lavado de activos, evasión tributaria agravada y negociaciones incompatibles con la función pública, entre otras figuras”.
“Es necesario garantizar el funcionamiento de una justicia independiente, en particular cuando se trata de la investigación de delitos cometidos por personas vinculadas con el poder. La situación de la presidenta -con relación a estas denuncias- es extremadamente delicada. En un Estado democrático y republicano, la independencia de los poderes es la garantía fundamental de la vigencia de los derechos”, señala el comunicado.
Los diputados del FAP reclamaron “una inmediata acción de la justicia, debiendo actuar de oficio por impulso de la fiscalía; además debe haber respuestas oficiales y aclaraciones convincentes porque la impunidad de estos hechos no se puede tolerar en democracia”.
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