Alak destacó que la obra “democratiza el derecho” y “consolidad la seguridad jurídica”, mientras que Alvarez habló de un “avance en materia de acceso a la información jurídica”. Capitanich aseguró que Argentina es el primer país en aprobar un digesto a través del Parlamento.
Argentina ya tiene su primer Digesto Jurídico. La obra, un ordenamiento de leyes nacionales vigentes, fue sancionada este miércoles por el Senado de la Nación, luego de 20 años de demora. Ante este hecho, diversos funcionarios del Poder Ejecutivo salieron a festejar su aprobación y a destacar los alcances de semejante ley. Al analizar el impacto de la iniciativa, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, sostuvo que se trata de “una obra de trascendencia histórica, la primera en su tipo en el mundo, que democratiza el derecho y lo convierte en patrimonio de todos los ciudadanos”.
“Dota de racionalidad al ordenamiento normativo nacional, promueve la prudencia legislativa, consolida la seguridad jurídica, fomenta la actividad económica y el desarrollo y fortalece la calidad institucional en la Argentina”, subrayó luego.
En la misma línea, el secretario de Justicia, Julián Álvarez, destacó que el nuevo ordenamiento “es un paso muy importante en el proceso de simplificación y actualización normativa” y señaló que se trata de “otro significativo avance en materia de acceso a la información jurídica”.
“El Digesto -recordó Álvarez- simplifica el sistema normativo argentino que en estos 150 años había conformado un conjunto de normas no sistematizadas, en muchos casos redundantes o contradictorias. Esta tarea comenzó con el trabajo que realizamos con personal propio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y que luego fue complementada por el Congreso de la Nación, hasta llegar al Digesto que hoy se convirtió en ley”.
Por su parte, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, destacó que con la aprobación del Digesto Jurídico, Argentina se convierte en el «único país en el mundo que ha podido aprobar un Digesto en el Congreso Nacional».
Desde la sanción de la Constitución Nacional de 1853 la producción legislativa completa (leyes, decretos-leyes, decretos de contenido legislativo y decretos de necesidad y urgencia) fue superior a las 31.400 nomas.
Al respecto, el sitio web InfoJus destacó que muchas de ellas aún siguen vigentes porque nunca fueron derogadas expresamente, incluso las que surgieron de la pluma de dictadores y genocidas, que bautizaron como “leyes” a acciones antijurídicas tales como fusilamientos y prohibiciones ilegítimas. Pero debido a múltiples factores -como por ejemplo la proliferación normativa, entre otros- las vigentes no llegan a 3.300.
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