Con la presencia de Kicillof y Zannini, un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados analiza la iniciativa que cambia el lugar de pago de la deuda externa. El oficialismo confía en sancionar la ley este miércoles.
El tratamiento de la ley de pago soberano de la deuda entra en su recta final. Con el objetivo de sancionarla este miércoles, los diputados kirchneristas se aprestan a firmar el dictamen correspondiente en un plenario de comisiones con la presencia del ministro de Economía, Axel Kicillof, y del secretario legal y técnico, Carlos Zannini.
El debate tiene luegar en una reunión de las comisiones de Presupuesto, Finanzas y Peticiones, Poderes y Reglamento. Allí también expondrá la procuradora general del Tesoro, Angelina Abbona.
El oficialismo tiene en sus planes convocar a una sesión especial al día siguiente para convertir el texto en ley antes del próximo vencimiento del 30 de spetiembre y previo a la disertación de la presidenta ante la Asamblea de Naciones Unidas, donde llevará el tema de los fondos buitre.
Con la ayuda de sus bloques aliados, el Frente para la Victoria tiene garantizado un quórum de al menos 133 diputados y lograría sancionar la ley con los votos justos.
En tanto, el grueso de la oposición planteará su rechazo, aunque no cuenta con mayoría suficiente para hacer prosperar ninguno de los proyectos alternativos.
Entre ellos, el Frente Renovador propuso a Francia como plaza alternativa, lo que el oficialismo aceptó incluir en el Senado, además de la creación de una comisión bicameral que investigue la evolución de la deuda, algo que también plantearon la UCR y el Pro.
En tanto, Claudio Lozano (Unidad Popular) considera que no es necesaria una ley y presentó un proyecto de resolución para convocar a una asamblea de bonistas y plantear allí el tema del cambio de jurisdicción de pago.
La ley de pago soberano
“En ejercicio del poder soberano” del país, el primer artículo del proyecto declara de interés público la reestructuración de la deuda soberana realizada en 2005 y 2010, así como “el pago en condiciones justas, equitativas, legales y sustentables al 100 por ciento de los tenedores de títulos públicos”, esto es, tanto a los bonistas que entraron a los respectivos canjes como a los holdouts que litigan contra Argentina.
El objetivo de la norma es “implementar instrumentos legales” que permitan el cobro de la deuda a todos los bonistas, ante la “ilegítima e ilegal obstrucción de los mecanismos de cobro de los fondos” depositados por el Estado argentina en el Banco de Nueva York el 26 de junio pasado, medida dispuesta por el juez Thomas Griesa. Según el Poder Ejecutivo, este bloqueo es “violatorio tanto de la soberanía e inmunidades” de Argentina “como de los derechos de terceros”, en alusión a los bonistas que se ven impedidos de cobrar esos fondos.
Por eso, el proyecto autoriza al ministro de Economía a remover al Banco de Nueva York como agente fiduciario y a reemplazarlo por Nación Fideicomisos S.A., creada para tal fin en el Banco Central de Argentina. No obstante, la propuesta reconoce el derecho de los tenedores de bonos de designar otro agente de otro país que garantice el canal de cobros, incluso Estados Unidos.
En el Senado, el oficialismo anunció que también incluirá a Francia como otra sede de pago, algo propuesto por el Frente Renovador.
Por otra parte, la iniciativa autoriza al Ministerio de Economía a “instrumentar el canje” de los títulos públicos que aún no ingresaron a las reestructuraciones de 2005 y 2010, entre los que se encuentran los fondos buitre.
En este sentido se crea una cuenta especial en Nación Fideicomisos para que el Gobierno deposite, en las fechas de vencimiento correspondientes, “una cantidad de fondos equivalentes a los que correspondería pagar por los servicios” de los títulos que se emitan en el futuro en reemplazo de aquellos que no ingresaron a los canjes de 2005 y 2010.
Según el Poder Ejecutivo, esta cuenta especial se abre “en virtud de la buena fe de Argentina, y de su voluntad y capacidad de pago en condiciones equitativas para todos sus acreedores, según la interpretación convencional y generalmente conocida como pari passu”.
Por otra parte, el proyecto recoge un viejo reclamo de agrupaciones opositoras al crear una comisión bicameral para investigar la evolución de la deuda externa desde el inicio de la ultima dictadura, en 1976.
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