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Temen que el Código procesal penal busque la prescripción de las causas contra el Gobierno

El borrador señala que se dictará falta de mérito si las causas no se resuelven en un año. El rol de la jefa de los fiscales, Alejandra Gils Carbó

El borrador del proyecto del Código Procesal Penal establece que la instrucción penal deberá durar un año como máximo y, de no resolverse en ese plazo, podrá dictarse la falta de mérito de los acusados.

Con esta herramienta los fiscales que controla la procuradora Alejandra Gils Carbó, podrían archivar las causas por corrupción que arrastre el gobierno de Cristina Kirchner.

La polémica se abre con los artículos 105 y 106 del borrador del Código. El primero señala que la investigación preparatoria deberá concluir “dentro del término de tres meses a partir de la intimación del hecho al imputad. Si ese término resultare insuficiente, el fiscal deberá solicitar prórroga al fiscal de Cámara, quien podrá acordarla hasta por dos meses más, según las causas de la demora y la naturaleza de la investigación”.

Agrega que sólo para los casos de “suma gravedad y de muy difícil investigación”, el fiscal podrá solicitar una prórroga al juez, “que no podrá exceder de un año a partir de la intimación de los hechos”.

En tanto, el artículo 106 es el abre el camino a las prescripción. Establece que dentro del quinto día de vencidos los plazos, “el fiscal deberá solicitar la remisión a juicio, disponer la clausura provisional o el archivo de las actuaciones”.

Y si ese tiempo pasa “sin que el fiscal se hubiera expedido, se archivará la causa respecto del imputado por el cual hubiera vencido y no podrá ser nuevamente perseguido penalmente por el mismo hecho”.

Estos artículos ya lograron inquietar a la oposición, que no había recibido mal el debate por el nuevo Código Procesal con elementos que ya rigen en muchas provincias, agregó el citado portal.

“No vamos a tolerar ninguna clausura que de garantía de impunidad a las futuras investigaciones. El nuevo Código tiene que servir para agilizar los procesos penales pero también lograr condenas responsables”, sostuvo Luis Petri, de la UCR, y miembro de la Comisión de Legislación Penal que tratará el proyecto una vez que ingrese formalmente.

“Actualmente sólo el 2,5% o 3% de los delitos se resuelven y el 97% prescriben. El objetivo debe ser evitar eso”, amplió el mendocino.

Patricia Bullrich, presidenta de la Comisión de Legislación Penal, cree que esos artículos serán borrados del proyecto final.

“No creo que avancen con esto, porque sino tiran todo el Código a la basura”, pronosticó. Y destacó que las virtudes de un nuevo marco procesal son “la celeridad del expediente a partir de la oralidad, figuras in franganti; mayor taxatividad en las excarcelaciones y el juicio por jurados”.

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